Francisco Córdova, presidente de una comunidad ubicada en la margen izquierda del río Pachitea, denunció que más de 30 familias estarían siendo amenazadas por sujetos armados vinculados a presuntos poseedores que —según su versión— obtuvieron constancias irregulares de propiedad. El conflicto se desarrolla en un predio de aproximadamente 500 hectáreas, a 40 minutos de Puerto Inca, donde los comuneros aseguran haber trabajado de manera continua desde 2019.
De acuerdo con las declaraciones del dirigente, dos personas habrían presentado constancias de posesión sin haber realizado ninguna inspección previa en la zona. “Nunca hemos visto que hagan levantamiento de planos ni entrevistas. Solo aparecieron con esos papeles”, expresó durante una visita a Huánuco. La comunidad exige que el Gobierno Regional de Huánuco y el Ministerio de Agricultura investiguen la emisión de estos documentos, los cuales, según indicó Córdova, habrían sido firmados por el director regional de Agricultura en Puerto Inca, Sixto Arce Cárdenas.
Acusan a funcionarios de Agricultura por otorgar títulos sin sustento legal
Según manifestó Córdova, el origen del conflicto se remonta a la entrega de constancias de posesión supuestamente otorgadas por la Dirección Regional de Agricultura de Puerto Inca sin verificación técnica ni consulta previa a los actuales ocupantes. “Me sorprende que el señor Sixto Arce haya firmado constancias sin respetar el principio de legalidad. Nunca llegaron al terreno”, declaró el dirigente.
El presidente comunal sostuvo que la situación ha generado una grave tensión social, pues las personas que se presentan como poseedores estarían movilizando a terceros con armas y rostros cubiertos para imponer su control sobre el terreno. “Están trayendo hombres encapuchados y armados. Tememos que esto termine en violencia. No es justo que nos quieran quitar lo que hemos trabajado desde hace años”, agregó.
Familias denuncian hostigamientos, derribo de viviendas y agresiones
Córdova aseguró que los enfrentamientos ya habrían escalado más allá del ámbito administrativo. Según relató, varias viviendas construidas por los comuneros habrían sido destruidas, y las plantaciones cultivadas por las familias afectadas estarían siendo cortadas por personal vinculado a los poseedores reconocidos por las constancias. “Están tumbando nuestras casitas y arruinando las plantas. Hasta los niños están siendo hostigados”, afirmó.
El dirigente señaló que la comunidad está compuesta por más de 30 familias que, desde el año 2019, habrían estado desarrollando actividades agrícolas en la zona abandonada por una empresa privada. Sostuvo que durante estos años no existieron conflictos hasta la reciente aparición de los supuestos poseedores legales.
La comunidad demandó la presencia urgente del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional para garantizar su integridad física y la estabilidad en la zona. Aseguraron que temen un enfrentamiento violento si las autoridades no intervienen oportunamente.
Delegación no fue recibida por autoridades regionales pese a tener agenda programada
Como parte de sus gestiones, Córdova informó que viajó a la ciudad de Huánuco acompañado por un asesor legal con el objetivo de dialogar con la directora regional de Agricultura y el gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas. Sin embargo, denunció que, a pesar de haber agendado una cita formal, no fueron recibidos por ninguna autoridad.
“Nos dijeron que nos atenderían, pero al llegar nos cerraron las puertas. Eso nos genera más dudas y desconfianza sobre cómo se han entregado esas constancias”, expresó. También exhortó públicamente a la jefa regional del Ministerio de Agricultura a cumplir con su rol como funcionaria pública y atender el caso, señalando que “las comunidades no pueden quedar desprotegidas frente a intereses externos”.
Consultada por esta situación, la entidad regional no emitió declaraciones hasta la fecha de publicación de este informe.
Piden anular constancias y reconocer posesión comunitaria
Ante el panorama descrito, la comunidad solicita que se declare la nulidad de las constancias de posesión entregadas y que se reconozca su derecho a la posesión efectiva de las tierras que aseguran trabajar desde hace más de cinco años. Según el abogado Willington Bravo, quien acompaña a la delegación, los comuneros habrían cumplido con los requisitos establecidos por ley para solicitar un proceso de formalización, pero el procedimiento habría sido interferido por la aparición repentina de estos nuevos documentos.
El caso ha puesto en evidencia una problemática recurrente en las zonas rurales del país: la superposición de derechos entre comunidades en posesión efectiva y personas que obtienen constancias a través de vías administrativas presuntamente irregulares. Este tipo de conflictos, sin atención inmediata, pueden derivar en enfrentamientos mayores y agravar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
