La fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció haber sido víctima de extorsión y amenazas luego de conseguir que el Poder Judicial ordene 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos miembros de la banda criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”.
Según el Ministerio Público, los mensajes extorsivos llegaron desde números desconocidos, en los que se le exige “apartarse del proceso penal” y “no continuar con la investigación”. La amenaza, de acuerdo con la denuncia, estaría vinculada a la organización criminal “Los Pepes de SJL”, cuyo cabecilla sería un delincuente conocido como “El Colocho”.
Días antes de las amenazas, la fiscal Haro había conseguido que el Poder Judicial impusiera prisión preventiva por 18 meses a siete presuntos integrantes de Los Chukys de Juan Pablo II, una organización delictiva dedicada a la extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y explosivos, y crimen organizado.
Los acusados —Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos— fueron vinculados además a un atentado con explosivos en el penal Castro Castro, ocurrido el 17 de octubre, que buscó amedrentar al sistema judicial.
Ese día, el INPE informó que dos sujetos desconocidos dejaron artefactos explosivos en los exteriores del penal, acompañados de manuscritos dirigidos a magistrados del Poder Judicial con sus fichas de Reniec, en una clara advertencia de represalia.
Las amenazas contra la fiscal Haro habrían sido planificadas desde dentro de las cárceles, según fuentes de la investigación preliminar. Los mensajes, enviados por WhatsApp y llamadas anónimas, incluyen advertencias explícitas: “Sabemos dónde trabajas y con quién vives. Deja el caso o lo lamentarás”.
El Ministerio Público confirmó que ya se activaron medidas de protección para la fiscal y su entorno, y se dispuso la intervención de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para rastrear los números desde los que se emitieron las amenazas.
Ante la gravedad del caso, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este emitió un comunicado público en el que condena “todo intento de amedrentamiento o interferencia” contra el trabajo fiscal y expresó su respaldo a la magistrada.
“La independencia de la función fiscal es pilar esencial de la justicia. No permitiremos que el crimen organizado intimide a nuestros fiscales”, señaló la institución.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se evalúa solicitar custodia policial permanente para la fiscal y su familia, mientras se investigan las conexiones entre “Los Pepes de SJL” y “Los Chukys de Juan Pablo II”, dos organizaciones con presuntos nexos en extorsión, sicariato y tráfico de armas.
San Juan de Lurigancho se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado en Lima, con bandas que compiten violentamente por el control de extorsiones, obras públicas y cobros de cupos a comerciantes.
El caso de la fiscal Haro expone hasta qué punto la justicia enfrenta amenazas directas de mafias que operan incluso desde los penales.
Mientras las investigaciones avanzan, el Ministerio Público insiste en un mensaje claro: “No se negociará con el miedo”.
La valentía de una fiscal ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta que el país no termina de responder:
¿Puede la justicia mantenerse en pie cuando el crimen toca la puerta de sus propios defensores?
