El enfrentamiento entre comunidades rurales por el control territorial ha cruzado una línea peligrosa: ahora se impide el trabajo de los censistas y se manipula la información estadística, atentando contra el derecho fundamental de la población a existir oficialmente.
En el tramo final del Censo Nacional 2025, más de 600 personas de los centros poblados Independencia y 8 de Diciembre, ubicados en San Miguel de Cauri (Huánuco), no fueron censadas por una obstrucción política. Según actas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el alcalde de Páucar (Pasco) impidió el ingreso del personal censal, sin ofrecer fundamentos técnicos ni legales. Esta acción, al margen de su motivación, constituye un acto ilegal y antidemocrático.
La denuncia fue realizada por Guadalupe Laos Jaramillo, subgerente del Gobierno Regional de Huánuco, quien advirtió que la negativa responde a intereses políticos. Según explicó, el alcalde de Páucar buscaría anexar informalmente los territorios en disputa para ampliar su jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ratificó que ambos centros poblados pertenecen al distrito de San Miguel de Cauri, dentro de la futura provincia de Lauricocha.
La exclusión del censo implica más que una omisión estadística. Significa dejar a cientos de personas sin acceso a programas sociales, planificación territorial, presupuestos públicos y servicios básicos. Las cifras oficiales del censo determinan qué pueblos existen para el Estado y cuáles no.
Este conflicto entre regiones vecinas, con motivaciones políticas de fondo, demuestra cómo los intereses subnacionales están distorsionando un proceso técnico de alcance nacional. El INEI, como entidad autónoma, debe asegurar el cumplimiento irrestricto del derecho ciudadano a ser contado, más aún cuando ya existe respaldo legal y constitucional sobre la jurisdicción de los territorios involucrados.
Impulsar el reconocimiento administrativo de una comunidad no puede hacerse impidiendo el conteo de otra. Cuando los censos se convierten en herramientas de presión política, se desnaturaliza su propósito y se genera una estadística arbitraria que falsea la realidad.
El Gobierno Central debe intervenir de forma enérgica para restaurar la legalidad en el proceso censal. Permitir que un alcalde impida el censo es abrir la puerta a un precedente sumamente peligroso. Las estadísticas oficiales deben construirse con rigor técnico, no con pactos territoriales informales ni cálculos políticos.
Lo que está en juego no es solo una hoja de datos. Es la visibilidad institucional de comunidades enteras. Dejar de censarlas es condenarlas a la invisibilidad.
