Dirigente de construcción civil será internado en Potracancha por caso de presunta extorsión al Consorcio Puente Tingo

En las próximas horas, Javier Echevarría Villavicencio (49) será trasladado al penal de Potracancha, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva, según dispuso el juez Saulo Ayala Moya, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco. En la misma audiencia, el magistrado dictó comparecencia con restricciones para Diomedes Mendoza Garay (54), quien además deberá abonar una caución de 5 mil soles.


La medida judicial fue solicitada por el fiscal César Palli Calla, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, en el marco de la investigación contra Echevarría Villavicencio, en su condición de dirigente sindical; Mendoza Garay, obrero eventual de construcción civil; y Moroni Rivera Jaramillo, exdirigente y presunto asesor. Los tres son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada, en agravio del Consorcio Puente Tingo, conformado por cinco empresas constructoras.


Las empresas afectadas y la obra
El consorcio agraviado está conformado por diversas empresas constructoras y contratistas. El contrato para la ejecución de la obra “Construcción del Puente Tingo María”, ubicada en el distrito de Castillo Grande (provincia de Rupa Rupa, región Leoncio Prado), fue suscrito el 19 de agosto de 2019 con el Gobierno Regional de Huánuco, por un monto de S/ 52 092 837.82 y con un plazo de ejecución de 600 días calendario.


Extorsión bajo amenazas
Según la hipótesis fiscal, dos días después de la firma del contrato, miembros de la presunta organización criminal “Los Constructores de Rupa Rupa” dejaron un sobre con un manuscrito y cinco cartuchos calibre 380 automático frente a una vivienda en la avenida Alameda de la República. Días después, el 22 de agosto, se repitió el mismo modus operandi en el pasaje Leoncio Prado, donde residía uno de los empresarios del consorcio.


El objetivo, según el fiscal, era exigir pagos bajo la apariencia de cuotas sindicales, amenazando con paralizar obras y hostigar a familiares. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó conversaciones y testimonios policiales que evidenciarían el pago de S/ 1,200 realizado a Echevarría Villavicencio y Rivera Jaramillo por representantes del consorcio.


La investigación continúa, y Moroni Rivera Jaramillo se mantiene no habido.