La verdad se impuso. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó este miércoles que el joven Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, fue asesinado por el suboficial Luis Magallanes, miembro activo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). El anuncio sacude los cimientos del Gobierno de José Jerí, que hasta hace horas negaba cualquier responsabilidad policial en la muerte del manifestante durante la marcha nacional del 15 de octubre.
“El disparo provino de un efectivo policial”, reconoció Arriola en conferencia de prensa. De inmediato, el comandante general dispuso la separación del suboficial Magallanes y confirmó que un segundo agente también está bajo custodia por su presunta participación en los hechos.
Videos de seguridad obtenidos por la Fiscalía y difundidos por medios locales muestran el momento en que un agente —ahora identificado como Magallanes— dispara directamente contra el joven Ruiz Sanz en los alrededores de la plaza Francia, en el Centro de Lima. En las imágenes también aparece otro individuo armado, luego confirmado como integrante de la PNP. Ambos fueron intervenidos tras la verificación del material audiovisual.
El abogado de la familia, Marco Huamán, denunció que la Policía intentó manipular la necropsia del cuerpo. “Quisieron llevarse el cadáver para alterar las pruebas”, aseguró. El Ministerio Público ya abrió una investigación preliminar por homicidio calificado y encubrimiento personal.
El reconocimiento público de la PNP deja en evidencia al propio presidente del Congreso y jefe de Estado interino, José Jerí, así como a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes hasta el martes insistían en que “la muerte de Eduardo Ruiz no fue provocada por la Policía”.
Jerí había intentado minimizar los hechos, señalando que la víctima falleció “fuera del área principal de la movilización” y responsabilizando del “caos” a “un grupo minúsculo de provocadores”. Por su parte, Tiburcio declaró ante el Pleno que “la Policía solo se defendía”, justificando el uso de la fuerza.
Hoy, la versión oficial se derrumba. La confesión del propio comandante general Arriola deja al Gobierno aislado y políticamente acorralado, en medio de una ola de indignación ciudadana.
