Alerta en Llicua: Pobladores impiden avance de obra en quebrada Agorragra de Huánuco

El Gobierno Regional de Huánuco alertó sobre un riesgo potencial para la seguridad de la población de Llicua, debido a la acumulación de material de excavación no evacuado en la quebrada Agorragra. La obra, que se encontraba en ejecución tras una suspensión previa, enfrenta actualmente un nuevo obstáculo: el bloqueo del acceso al botadero autorizado para el depósito del excedente de tierra.


Según informó la Subgerencia de Obras, el material ha sido acumulado en puntos estratégicos de la quebrada, desde donde debería ser transportado al DME autorizado. No obstante, el camino que conduce a este botadero ha sido bloqueado por miembros de una comunidad campesina, pese a la existencia de un acta previa de libre disponibilidad del terreno.


Comunidad impide el ingreso al botadero pese a acuerdo firmado
Jesús Medina Vargas, subgerente de Obras del Gobierno Regional, explicó que el botadero cuenta con autorización ambiental vigente y ha sido utilizado durante meses para la evacuación del material sin inconvenientes. Según indicó, el bloqueo fue ejecutado por una comunidad ubicada fuera del ámbito de Llicua, a pesar de que sus representantes habían otorgado previamente acceso libre a través de un documento formal.


De acuerdo con Medina, este bloqueo impide la continuidad de las actividades de eliminación, generando un riesgo directo ante eventuales lluvias. “El material puede ser arrastrado aguas abajo y poner en peligro a la población”, advirtió. La situación fue comunicada a la Fiscalía de Prevención del Delito, que recientemente exhortó a ambas partes a tomar acciones inmediatas.


Gobierno Regional solicitará intervención del COER y Defensoría
Ronald Acuña, gerente general del Gobierno Regional, subrayó la urgencia de mitigar el riesgo inminente. Según manifestó, ya se han activado mecanismos institucionales para convocar al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y a la Defensoría del Pueblo, a fin de explorar medidas paralelas a la ejecución de obra que permitan reducir el peligro para la comunidad.


Asimismo, el asesor legal Germán Bedoya reiteró que el Gobierno Regional cuenta con una autorización expresa para transitar hacia el botadero, y que las exigencias actuales de la comunidad —como el mejoramiento de una carretera y la construcción de un reservorio— no figuran como condicionantes en el acta firmada. “La comunidad no está cumpliendo su compromiso, pese a que el documento no establece contraprestaciones”, sostuvo.


Bloqueo provoca suspensión de obra y riesgo de pérdida de inversión pública
Daniel Mallqui, gerente de Infraestructura, explicó que la negativa de la comunidad ha obligado a suspender los trabajos de excavación, para evitar la acumulación de más material suelto en la quebrada. Según precisó, la obra tiene un avance del 60% y un presupuesto total de 30 millones de soles, pero su paralización prolongada podría derivar en la pérdida de la inversión realizada.


Medina agregó que encontrar una alternativa para el depósito del material no es sencillo. Cualquier nuevo DME debe pasar por un proceso de habilitación ambiental ante el Ministerio del Ambiente, lo cual tomaría entre tres y cuatro meses. “Ese plazo implicaría paralizar la obra durante toda la temporada de lluvias, cuando justamente se espera que entre en operación”, declaró.


Exigen cumplimiento de acuerdos y denuncian presión indebida
Durante la conferencia de prensa, los funcionarios del Gobierno Regional señalaron que la comunidad estaría condicionando la continuidad del acceso a la atención de demandas que no forman parte del compromiso inicial. En particular, mencionaron solicitudes de mejora vial y un reservorio para riego, actualmente en etapa de elaboración técnica. “Estamos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades, pero no podemos aceptar presiones que bloquean obras públicas”, declaró Mallqui.


Según el Gobierno Regional, de persistir el bloqueo, se convocará a todas las instancias pertinentes para coordinar acciones de emergencia. Entre ellas figuran la Fiscalía, la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo y el COER, con el objetivo de evitar un desastre por el deslizamiento del material acumulado.