La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental anunció que emitirá un veredicto en un plazo mínimo de 15 días respecto a la denuncia interpuesta por el colectivo ambiental contra el proyecto urbano ejecutado en la laguna Viña del Río.
La investigación, actualmente en etapa de acopio y procesamiento de información, involucra al gobernador regional Antonio Pulgar Lucas y al alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo.
El fiscal César Gonzales Ramos confirmó que el caso se inició a raíz de cuestionamientos sobre el intento de instalar geomembranas en el espejo de agua artificial, una intervención que, según afirmó, no se ajusta ni al entorno paisajístico ni al uso ambiental de la zona.
Geomembranas en espacios naturales
Según explicó el fiscal, las geomembranas suelen emplearse en reservorios, plantas de tratamiento de aguas residuales (PETAR) u obras de infraestructura hidráulica, por lo que su colocación en una laguna urbana representa una incompatibilidad técnica y paisajística.
Pese a que se trata de un cuerpo de agua artificial, el representante del Ministerio Público recalcó que todo proyecto de inversión pública debe cumplir con principios de sostenibilidad ambiental. “Los materiales empleados deben ser ecoamigables, y es obligatorio contar con estudios de impacto ambiental y certificación ambiental antes de cualquier intervención”, puntualizó Gonzales Ramos.
En ese sentido, advirtió que, de no cumplirse estos requisitos, la ejecución de obras resulta inviable legalmente.
Municipalidad tendría competencia
La laguna Viña del Río está ubicada dentro de una zona considerada como área verde, por lo que su intervención requiere autorización expresa de la Municipalidad Provincial de Huánuco. De acuerdo con la ordenanza vigente, la comuna es la entidad responsable de conservar y regular estos espacios.
César Gonzales señaló que su despacho está a la espera de recibir información complementaria para confirmar si la municipalidad otorgó permiso alguno para modificar o alterar la laguna. “Si no existe autorización municipal, la intervención sería ilegal”, sostuvo.
Asimismo, consideró acertado que el Gobierno Regional de Huánuco haya desistido del uso de geomembranas luego de la presión ejercida por el colectivo ambiental, calificando esta decisión como “un logro ciudadano”.
Obras con cemento
Otro aspecto que genera inquietud en el proceso de fiscalización es la intención de reemplazar áreas verdes por estructuras de cemento en el entorno de la laguna. “En vez de expandir zonas verdes, se pretende incorporar elementos que alteran el equilibrio ecológico de la ciudad”, criticó el fiscal.
Si bien las obras aún no han comenzado formalmente, medios de comunicación han reportado avances significativos promovidos por el Gobierno Regional. La fiscalía viene evaluando esta información y no descarta eventuales acciones legales si se comprueba una afectación al medio ambiente sin sustento técnico ni legal.
Dictamen fiscal
Consultado sobre el avance de las diligencias, el fiscal ambiental detalló que se están procesando documentos remitidos en formato digital, y que el dictamen se conocería en un plazo estimado de 15 días. “Una vez culminado el análisis técnico-legal, emitiremos una decisión en el marco de lo establecido por la ley”, afirmó.
El Ministerio Público insistió en que ningún proyecto de inversión puede iniciarse si no cuenta con la certificación ambiental correspondiente, los estudios de impacto ambiental, y los permisos del ALA, la municipalidad y el Ministerio de Vivienda, a través de su área ambiental.
