El presidente interino José Jerí Oré juramentó el 14 de octubre de 2025 a su primer gabinete ministerial, integrado por 19 titulares de cartera y encabezado por el constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda. La conformación del equipo, anunciado como un “gabinete de transición y reconciliación nacional”, representa un intento de distanciamiento respecto a la administración de Dina Boluarte y una apuesta por profesionales de trayectoria académica, aunque varios de ellos arrastran controversias judiciales y cuestionamientos éticos.
La Presidencia de la República informó que el nuevo gabinete no incluye congresistas ni exministros del gobierno anterior, en cumplimiento de una promesa pública de Jerí Oré.
Según la información oficial, el presidente busca restaurar la estabilidad institucional del país y conducir una etapa de transición hasta julio de 2026, periodo que culminaría con elecciones generales. Sin embargo, analistas políticos advierten que la composición del Consejo de Ministros enfrenta un complejo escenario de legitimidad ante el Congreso y la ciudadanía, especialmente por los antecedentes judiciales de algunos integrantes.
Un gabinete con perfil académico, pero con sombras judiciales
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, es un abogado con reconocida trayectoria constitucional. Fue magistrado y presidente del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.
Según información difundida por medios nacionales, registra seis denuncias archivadas por delitos como difamación, corrupción, secuestro y violación sexual. A pesar de ello, Álvarez ha insistido en que las causas fueron desestimadas y que su designación responde a criterios técnicos.
La cancillería quedó a cargo de Hugo de Zela Martínez, diplomático de carrera con más de cuatro décadas de servicio exterior, quien ha representado al Perú ante la OEA y fue embajador en Brasil, Argentina y Estados Unidos.
Su nombramiento fue valorado por el cuerpo diplomático como un retorno al profesionalismo en la política exterior. En contraste, la cartera de Defensa, encabezada por el general en retiro César Díaz Peche, enfrenta críticas por denuncias pasadas de violencia familiar y acoso sexual, aunque todas fueron archivadas por el Poder Judicial, según precisaron fuentes castrenses.
Economía técnica y sectores estratégicos en tensión
En el Ministerio de Economía y Finanzas, la ingeniera economista Denisse Miralles asumió el liderazgo con el encargo de estabilizar las cuentas fiscales y mejorar la descentralización de la inversión pública. La ministra, exviceministra de Economía y funcionaria de ProInversión, ha prometido fortalecer los mecanismos de transparencia en las Asociaciones Público-Privadas, según reportes del MEF. No obstante, enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los mercados en un contexto de débil crecimiento económico y de alta inflación.
Vicente Tiburcio Orbezo, general PNP retirado y exintegrante del GEIN, asumió el Ministerio del Interior con la tarea de enfrentar la creciente ola delictiva que afecta especialmente a regiones como Huánuco, La Libertad y Lima Metropolitana. En declaraciones difundidas por RPP, Tiburcio sostuvo que su prioridad será “recuperar el control territorial frente a la criminalidad organizada”, aunque no precisó medidas concretas en materia de reforma policial.
Proyección regional y desafíos en seguridad y desarrollo
La composición del gabinete también ha despertado expectativas en las regiones andinas. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo —ingeniero agrónomo formado en La Molina— anunció su intención de impulsar proyectos de irrigación en el corredor centro, con especial atención a Huánuco y Pasco, donde el deterioro de la infraestructura hídrica limita la productividad agrícola. En la misma línea, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, planteó la meta de acelerar programas de saneamiento rural pendientes desde 2023, aunque aún no se han presentado los cronogramas respectivos.
Diversos especialistas en gestión pública consultados por medios locales sostienen que la presencia de perfiles técnicos podría favorecer la ejecución descentralizada de proyectos, pero advierten que la inestabilidad política sigue siendo un riesgo. En Huánuco, donde la crisis institucional ha afectado la continuidad de obras regionales, el gobierno local espera una mayor coordinación con el Ejecutivo para destrabar inversiones en salud y transporte.
Controversias presidenciales y tensión institucional
El presidente Jerí Oré llega a la jefatura del Estado bajo el peso de investigaciones archivadas por presunta violación sexual, desobediencia judicial y supuestos sobornos en el Congreso cuando presidía la Comisión de Presupuesto. Aunque el Ministerio Público archivó las causas principales en agosto de 2025, las críticas políticas y sociales persisten. Analistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señalan que el mandatario enfrenta un déficit de legitimidad que podría complicar el voto de confianza del gabinete ante el Parlamento, el cual deberá solicitarse en un plazo máximo de 30 días.
Asimismo, varios ministros presentan cuestionamientos adicionales. El premier Álvarez Miranda y el titular de Transportes, Aldo Prieto Barrera, figuran en investigaciones pasadas por presuntos conflictos de interés y vínculos con empresas de casinos. Estas situaciones han generado debate sobre la verdadera capacidad del gobierno para garantizar transparencia durante el periodo de transición.
Un gobierno de transición con oportunidades y límites
El gabinete Jerí busca proyectar una imagen de tecnocracia y reconciliación, pero su margen político es reducido. La ausencia de figuras congresales en el equipo ministerial puede interpretarse como una estrategia para reducir tensiones con el Legislativo, aunque también limita su respaldo político directo. En los próximos meses, la estabilidad del Ejecutivo dependerá de su capacidad para concertar con las bancadas y responder a las demandas sociales, en particular a la crisis de seguridad ciudadana y al deterioro de los servicios públicos.
A nivel regional, los gobiernos subnacionales han expresado expectativa por una gestión más descentralizada. Huánuco, Pasco y Junín, regiones que históricamente han reclamado equidad presupuestal, esperan una mayor presencia ministerial en territorio y una distribución más justa de los recursos. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que el horizonte político hasta 2026 podría estar marcado por la fragilidad institucional y la polarización.
Conclusión
El gabinete de José Jerí Oré encarna un intento de tecnificación del Estado tras años de crisis política y de sucesivos cambios de gobierno. Su composición muestra un equilibrio entre experiencia académica y gestión pública, pero las controversias judiciales y la falta de capital político amenazan con debilitar su credibilidad. En las regiones, la expectativa gira en torno a una descentralización efectiva que permita cerrar brechas sociales. El reto inmediato será mantener la gobernabilidad en medio de un escenario donde la confianza ciudadana sigue siendo el bien más escaso.
