Un disparo contra la justicia. El juez de Paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, fue acribillado dentro de su propio despacho por dos sicarios que ingresaron armados a su oficina en plena jornada laboral. Según las primeras hipótesis policiales, el magistrado habría sido asesinado por hacer cumplir la ley en una zona marcada por conflictos de tierras y disputas locales.
El ataque ocurrió la tarde del sábado en la avenida Progreso, en la provincia de Ascope (La Libertad). Los criminales irrumpieron en el despacho del juez y le dispararon cuatro veces a quemarropa antes de huir en una motocicleta con rumbo desconocido. Pese a que fue trasladado de emergencia al Centro de Salud Materno Infantil de Chicama, López de la Cruz murió en el camino debido a la gravedad de las heridas.
El coronel Jhonny Huamán Mariano, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el crimen estaría vinculado a decisiones judiciales incómodas para grupos locales.
“Lamentamos lo sucedido con el juez de Paz letrado de Chicama. Todo indica que fue ultimado por cumplir la ley, no por desacatarla”, señaló el alto mando policial.
La División de Investigación Criminal (Divincri) y un equipo de inteligencia de la PNP, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran recolectando evidencias y testimonios. “No descartamos ninguna hipótesis, pero trabajamos con reserva para no entorpecer las investigaciones”, añadió Huamán.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el juez había recibido amenazas previas, aunque vecinos y trabajadores del distrito afirman que el magistrado enfrentaba presiones por su labor en casos de tráfico de terrenos y conflictos comunales. Chicama, ubicada en el norte liberteño, es una zona golpeada por la expansión del crimen organizado, donde la línea entre la justicia y el poder de las mafias se vuelve cada vez más difusa.
El asesinato de López de la Cruz ha generado indignación en el sector judicial y entre los pobladores locales, que exigieron mayor seguridad para los operadores de justicia. Magistrados de La Libertad emitieron un pronunciamiento en el que piden al Estado “proteger la integridad de quienes aplican la ley en zonas de alto riesgo”.
