En un operativo ejecutado por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco, en coordinación con el Ministerio Público, se allanó la vivienda y las oficinas municipales de la alcaldesa del Centro Poblado de Colpa Baja, Treysi Maryhori Barrueta Suárez, investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública.
La intervención forma parte del operativo denominado “Contra la Criminalidad”, desarrollado la mañana del lunes, y fue dirigida por el comandante PNP Julio Bendezu Álvarez, con la supervisión del fiscal Marlon Eyner Cabrera Pinedo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. La diligencia se ejecutó en estricto cumplimiento de la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, que autorizó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes.
Durante el operativo, los agentes incautaron vouchers de pago y un teléfono celular perteneciente a la autoridad local. Asimismo, en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de Colpa Baja se hallaron 450 certificados de posesión presuntamente emitidos de manera irregular. Todo el material fue trasladado a la sede de la Depincri Huánuco para su análisis y custodia como parte de la investigación.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la alcaldesa Barrueta Suárez habría emitido certificados de posesión sin contar con la autorización legal correspondiente, excediendo las atribuciones de su cargo y contraviniendo las competencias municipales. La entrega de estos documentos —que otorgan reconocimiento temporal de propiedad sobre terrenos— habría generado presunto perjuicio al Estado y vulnerado normas de administración pública.
El operativo se desarrolló sin incidentes, y las diligencias continuarán con la declaración de la investigada y la evaluación de los documentos incautados. La Fiscalía Anticorrupción busca determinar si existió un uso indebido del cargo o concertación con terceros para la emisión irregular de certificados.
Este caso ha generado repercusión en la zona rural de Huánuco, donde vecinos y dirigentes comunales exigen transparencia en la gestión de los centros poblados. Las autoridades judiciales recalcaron que la investigación se mantiene en curso y que las pruebas recolectadas serán determinantes para establecer responsabilidades penales.
