Daniel Mallqui, gerente de Infraestructura, afirmó que revisan expedientes con firmas presuntamente falsificadas
El Gobierno Regional de Huánuco atraviesa una etapa de revisión técnica y legal de varios expedientes observados durante la ejecución de obras públicas. Según declaraciones del gerente regional de Infraestructura, Daniel Mallqui, parte de los proyectos en curso presentan inconsistencias que podrían derivar en la anulación de resoluciones aprobatorias y en la reformulación completa de estudios técnicos.
De acuerdo con el funcionario, las observaciones más graves corresponden a expedientes aprobados durante gestiones anteriores, los cuales habrían sido evaluados por personal sin la experiencia técnica necesaria, y en algunos casos, con firmas presuntamente falsificadas. Mallqui explicó que uno de los casos más representativos es el proyecto conocido como Autopista Amazónica (4K), aprobado por 325 millones de soles en 2020, y actualmente bajo investigación fiscal.
El gerente sostuvo que su despacho ha encargado a un equipo de abogados revisar la validez de las resoluciones involucradas y determinar las acciones administrativas pertinentes. “Mi posición como gerente es dejar sin efecto la resolución que aprueba un expediente técnico si no cuenta con una evaluación formal y legalmente sustentada”, señaló Mallqui, precisando que las decisiones finales serán coordinadas con la asesoría legal institucional.
Deficiencias en la evaluación técnica y riesgo de nulidad administrativa
Durante su exposición, Mallqui indicó que los problemas detectados surgen por deficiencias estructurales en la revisión de expedientes y la falta de especialistas idóneos en las áreas de ingeniería, arquitectura y gestión de obras públicas. En algunos casos —según manifestó— los proyectos fueron aprobados sin cumplir los requisitos mínimos de evaluación técnica, lo que contraviene los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
“Para aprobar un expediente técnico debe existir un evaluador acreditado. El gerente solo aprueba administrativamente; el aspecto técnico lo determina un evaluador certificado”, explicó. Añadió que si este requisito no se cumple, la aprobación carece de validez legal. Según detalló, se han detectado expedientes que fueron firmados por personal contratado por montos menores a ocho UIT, pese a tratarse de obras valoradas en decenas de millones de soles.
En este contexto, el funcionario adelantó que se analiza la posibilidad de reformular los estudios de los proyectos observados para garantizar su viabilidad técnica y evitar riesgos futuros de ejecución. “Si un expediente no ha sido evaluado correctamente, no puede tener valor oficial ni técnico. En ese caso, debe volver a estudios o ser reformulado”, puntualizó.
Contraloría detectó irregularidades en proyectos heredados de gestiones anteriores
Mallqui también se refirió a un informe emitido por la Contraloría General de la República, que habría advertido irregularidades en obras ejecutadas en doce localidades de la región, donde se reportó la presunta falsificación de firmas en documentos técnicos. Según señaló, su despacho no contaba inicialmente con dicha información y la recibió con retraso, lo que impidió una intervención temprana.
“Saludamos el trabajo de la Contraloría, pero hubiera sido útil recibir esa información con anticipación. Al margen de ello, se ha dispuesto que los proyectos con observaciones retornen a la fase de estudios hasta que se subsanen las deficiencias técnicas y legales detectadas”, explicó.
El gerente descartó que la revisión de expedientes implique un bloqueo político a proyectos provinciales. “No se trata de quitar obras, sino de garantizar que se ejecuten correctamente”, sostuvo. Indicó que los expedientes observados fueron detenidos luego de que los equipos técnicos detectaran incongruencias en las firmas de aprobación, carencia de informes de evaluación y errores en los presupuestos estimados.
Próximas acciones y posibles consecuencias legales
Consultado sobre las medidas que se adoptarán, Mallqui adelantó que ha instruido a la Gerencia de Asesoría Legal para que emita un informe jurídico que determine si corresponde anular o reformular los proyectos cuestionados. “Nuestra posición es clara: si el expediente carece de sustento técnico, la resolución que lo aprueba debe dejarse sin efecto”, declaró.
El funcionario aseguró que el proceso de revisión busca prevenir responsabilidades administrativas y penales que podrían recaer sobre los actuales funcionarios si se continuara con la ejecución de obras con vicios de origen. “No podemos ejecutar un proyecto que nació con irregularidades. Eso comprometería la gestión”, enfatizó.
Mallqui señaló que las conclusiones finales serán discutidas en una reunión con los órganos de asesoramiento del Gobierno Regional, y se espera que los resultados preliminares se den a conocer en los próximos días.
