El brote del virus mano-pie-boca en Panao no es solo un problema sanitario aislado. Es, ante todo, un síntoma alarmante del deterioro estructural de nuestras condiciones básicas de vida y de una negligencia institucional que, por repetitiva, ya resulta inaceptable.
Quince niños pequeños, todos ellos parte del programa estatal Cuna Más, han sido contagiados por el virus Coxsackie. Y según las propias autoridades de salud, la hipótesis más probable sobre el foco del brote apunta a algo tan elemental como el consumo de agua no tratada. ¿Cómo es posible que, en pleno 2025, sigamos teniendo comunidades enteras abastecidas por sistemas de agua contaminada? ¿Qué clase de Estado permite que menores de cinco años vivan expuestos a riesgos sanitarios que deberían estar superados hace décadas?
Panao no es un caso aislado, pero lo que allí ha ocurrido —y sigue ocurriendo— debería sacudir la conciencia de quienes gestionan nuestros servicios públicos desde escritorios alejados de la realidad. Aquí no hablamos de falta de presupuesto para megaproyectos, sino del mínimo vital que una sociedad debe garantizar: agua segura, atención primaria oportuna y vigilancia epidemiológica preventiva. Todo lo demás es retórica.
Indigna profundamente que recién cuando el virus ya ha afectado a 15 niños se activen cercos sanitarios y se cierren programas de atención temprana. ¿Dónde estuvo la prevención? ¿Dónde estuvo el monitoreo constante que se supone debe aplicarse en instituciones que atienden a la infancia más vulnerable? ¿Cómo puede ser que no se haya detectado antes la exposición a riesgos sanitarios tan graves?
Las medidas adoptadas por la Dirección Regional de Salud —el cierre temporal del local de Cuna Más, el cerco epidemiológico y el envío de muestras al INS— son necesarias, pero tardías. Son reacciones de emergencia, no estrategias de protección estructural. Panao es hoy el epicentro del brote, pero mañana puede ser cualquier otra comunidad que viva en las mismas condiciones precarias, invisibilizadas hasta que la enfermedad golpea.
Este no es solo un llamado a la acción, sino también un grito de alarma. No podemos seguir normalizando la insalubridad como parte del paisaje rural. No podemos resignarnos a que los niños más pequeños —justo los que deberían estar más protegidos— sean los primeros en pagar las consecuencias de un sistema que sigue fallando donde más importa.
Lo que ha ocurrido en Panao debe marcar un punto de quiebre. Porque si no nos indigna que menores enfermen por beber agua sucia, entonces habremos perdido no solo la salud pública, sino también el sentido mínimo de justicia social.
