La Fiscalía Anticorrupción realizó este 1 de octubre diligencias en oficinas del Gobierno Regional de La Libertad como parte de la investigación por presuntas irregularidades en el programa Procompite, impulsado en la gestión de César Acuña.
Las intervenciones se llevaron a cabo en la Gerencia Regional de Control y en el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gore La Libertad, luego de que la Contraloría General de la República emitiera informes alertando sobre posibles malos manejos en dicho programa.
De acuerdo con la entidad de control, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se realizaron 11 servicios de control simultáneo y una acción de recopilación de información que revelaron inconsistencias en la administración de los recursos destinados a Procompite 2023.
El programa, orientado a financiar iniciativas productivas en la región, contaba con un presupuesto de más de S/ 58 millones entre 2023 y 2024. Sin embargo, fue suspendido tras detectarse indicios de direccionamiento, falta de transparencia en la asignación de fondos y presuntas solicitudes de dinero a empresarios a cambio de favores.
La Contraloría informó, mediante un comunicado, que ha desplegado un equipo técnico especializado para reforzar las labores de verificación y control en La Libertad, con el fin de garantizar un proceso transparente e independiente.
El escándalo de Procompite derivó también en consecuencias políticas para Alianza para el Progreso (APP). En agosto de este año, César Acuña expulsó de su partido a Juan José Fort, entonces coordinador provincial en Trujillo, tras las denuncias de que habría solicitado pagos irregulares a empresarios para acceder a beneficios del programa.
“Sobre Juan José Fort, esperemos al Poder Judicial. (…) Lo hemos expulsado del partido, no vamos a permitir que por malos militantes se malogre la imagen de APP”, señaló Acuña en conferencia de prensa.
La Fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios involucrados en la ejecución de Procompite. Según fuentes del Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de corrupción y colusión que habrían afectado la transparencia del manejo de fondos públicos.
Por ahora, la diligencia fiscal constituye un primer paso en la recopilación de información y evidencias, mientras la Contraloría continúa con el seguimiento a las observaciones detectadas en la región.
