Un grupo de vecinos del distrito de Amarilis interpuso una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Huánuco para detener el proyecto de instalación de grass sintético en la losa deportiva de la urbanización Fonavi III. La acción, presentada el 29 de septiembre ante el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, solicita la nulidad de la obra por presunta vulneración de derechos vinculados al medio ambiente y la participación ciudadana.
Reclaman ausencia de consulta vecinal
El demandante Rubén Ruiz Meza señaló que el proyecto denominado “Renovación de Infraestructura Deportiva, Implementación de Grass Sintético y otros activos en la Losa Deportiva de la Urbanización Vicealmirante AP Fonavi III”, con CUI N.º 2669582, se inició sin estudios de impacto ambiental ni procesos de participación ciudadana. Según indicó, estas omisiones vulneran la Ley General del Ambiente (Ley N.º 28611) y la Ley Orgánica de Municipalidades.
El espacio deportivo, de acuerdo con los denunciantes, ha sido utilizado por jóvenes para la práctica de básquetbol, vóley, fulbito, atletismo y danzas. Además, la institución educativa inicial de Fonavi III hace uso frecuente del lugar.
Riesgos ambientales y de salud
El memorial suscrito por más de 100 vecinos advierte que el césped sintético podría liberar microplásticos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. También alertaron sobre la posible proliferación de plagas y enfermedades asociadas a roedores, así como la presencia de palomas en caso de techado de la losa.
Los firmantes sostienen que el proyecto afectaría la calidad de vida de la comunidad y que la administración del espacio pasaría a ser restringida. Según recordaron, la Ordenanza Municipal N.º 015-2023-MDA dispone que la Municipalidad de Amarilis gestione y cobre por el uso de la cancha, lo que interpretan como una privatización encubierta.
Gobierno Regional no respondió memorial
El expediente precisa que, el 29 de agosto, los vecinos entregaron un memorial al Gobierno Regional solicitando la anulación del proyecto. No obstante, el documento fue archivado sin respuesta formal. Posteriormente, el 10 de septiembre, la obra fue adjudicada al Consorcio Deportivo Llicua mediante licitación pública, aunque aún no se ha suscrito contrato.
Por ello, los demandantes pidieron al Poder Judicial suspender la ejecución del proyecto de manera inmediata, al considerar que representa una amenaza cierta e inminente contra el derecho a un medio ambiente equilibrado y al uso libre de espacios públicos.
