La reciente concesión forestal para conservación en Huánuco ha abierto un debate sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades. El contrato, firmado en junio por la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS) y la Asociación Monteverde, otorga más de 3,100 hectáreas en el distrito de Chaglla para conservación durante 40 años. Sin embargo, pobladores denuncian que el proceso se habría realizado sin consulta previa y afectando tierras de uso agrícola y ganadero.
Según la publicación oficial de la ATFFS Leoncio Prado, el acuerdo busca proteger bosques y promover la investigación científica con apoyo de la ONG DETEC. La institución afirmó que se trata de una concesión “exclusivamente para conservación”, no para explotación maderable.
ATFFS defiende proceso técnico de concesión
El director encargado de la ATFFS Leoncio Prado, Gerson Durán Chávez, declaró que la concesión abarca zonas en Chaglla, Puerto Inca y parte de Leoncio Prado. Según indicó, la entidad cumplió con los lineamientos normativos vigentes desde 2023 y realizó evaluaciones técnicas antes de entregar el área en 2025.
Durán precisó que el proceso actualmente enfrenta un pedido de nulidad presentado por una comunidad local. “La Dirección Regional de Agricultura evalúa el caso en segunda instancia”, manifestó, aclarando que la decisión final corresponde a esa oficina y a su asesoría legal.
Consultado sobre los argumentos de la población, señaló que algunos comuneros afirman que los bosques concesionados son áreas en explotación. Frente a ello, sostuvo que la ATFFS cuenta con evidencia satelital que demostraría que se trata de bosques de conservación y no de zonas agrícolas.
Comunidades denuncian afectación a terrenos productivos
De manera paralela, moradores del caserío Pucaplaya, en el centro poblado Pampamarca, denunciaron que la concesión se superpone con terrenos que han trabajado durante más de dos décadas. En un pronunciamiento difundido a inicios de julio, sostuvieron que las tierras concesionadas corresponden a pastizales y cultivos de primera necesidad, los cuales representan el sustento de sus familias.
Los pobladores afirmaron que la concesión “se dio a espaldas de la población” y señalaron que no recibieron charlas de sensibilización ni procesos de consulta previos. También advirtieron que los intentos de titulación de sus predios fueron trabados por falta de apoyo institucional. En su comunicado alertaron que, de no obtener solución, podría desatarse un conflicto social.
Autoridades locales bajo presión por conflictos en Pachitea
El contexto en Pachitea ya era tenso debido a obras paralizadas y reclamos sociales. En abril, dirigentes provinciales anunciaron un paro regional indefinido para el 26 de mayo, denunciando el abandono de proyectos valorados en más de 100 millones de soles, entre ellos la carretera Chaglla–Codo del Pozuzo y el Hospital de Molino.
La firma de la concesión forestal semanas después ha incrementado la preocupación de los comuneros de Chaglla, quienes insisten en que no se sienten representados en las decisiones. Líderes locales consideran que este tipo de conflictos podrían agravar la falta de confianza hacia las autoridades regionales.
Próximos pasos y posibles escenarios
La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco deberá pronunciarse sobre la nulidad solicitada por los comuneros. Mientras tanto, la ATFFS mantiene su posición de que la concesión es legal y técnica.
La población afectada insiste en que se requiere un diálogo directo con participación de autoridades regionales, comunales y de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo aún no se ha pronunciado sobre el caso.
