El reciente pronunciamiento de la Municipalidad Provincial de Huánuco, que declaró inhabitable un pabellón de la institución educativa N.º 32011 “Hermilio Valdizán”, expone con crudeza la fragilidad de nuestra infraestructura escolar. Más de 1300 estudiantes conviven diariamente con la incertidumbre, mientras el bloque afectado, en condición de “alto riesgo”, se erige como símbolo del descuido institucional.
Según el director de la escuela, Eder Alan Cotrina, la situación de deterioro fue advertida desde abril de este año. Se enviaron solicitudes de inspección que, en lugar de recibir una respuesta inmediata, quedaron atrapadas en la burocracia hasta septiembre, cuando finalmente se emitió un oficio que confirmó el peligro estructural. La reacción tardía revela una indiferencia que resulta inadmisible en asuntos donde está en juego la vida de niños y docentes.
No se trata de un evento repentino, sino de un proceso de hundimiento progresivo que las autoridades conocían desde inicios del año escolar. Frente a ello, la escuela y los padres de familia han tenido que improvisar un plan de contingencia, habilitando bibliotecas, aulas de innovación y auditorios para garantizar el desarrollo de las clases. Esta respuesta, loable por parte de la comunidad, no debe ocultar la raíz del problema: la ausencia de un Estado diligente y responsable.
Mientras tanto, el Gobierno Regional de Huánuco ha prometido realizar un seguimiento técnico más detallado. Promesas, nuevamente. El recuerdo de tantos expedientes olvidados en oficinas públicas obliga a la ciudadanía a dudar de los compromisos verbales. Lo que hoy se exige no es otro informe ni otra visita ocular, sino una decisión concreta: la demolición del pabellón en ruinas y la construcción inmediata de nuevas aulas.
Cada demora prolonga la exposición de cientos de menores a condiciones precarias, improvisadas y poco adecuadas para el aprendizaje. Si bien el traslado a ambientes alternos puede evitar una tragedia inmediata, también acarrea riesgos pedagógicos y emocionales. No es lo mismo estudiar en una biblioteca dividida por planchas de triplay que en un aula diseñada para la enseñanza. La niñez huanuqueña no merece adaptarse a los restos de una infraestructura colapsada.
Las cifras del sector educativo en la región son contundentes: decenas de colegios presentan problemas similares, pero la atención estatal llega tarde o nunca. ¿Debemos esperar la caída de muros sobre nuestros estudiantes para recién ver acción? La prevención no puede ser un concepto abstracto ni una frase en discursos oficiales; es una obligación legal y moral.
La Resolución N.º 808 no debe quedar como un documento más archivado en escritorios municipales. Huánuco no puede seguir normalizando el colapso de sus colegios. Los niños y niñas merecen aulas seguras, no promesas vacías. Y las autoridades deben responder ya, antes de que la tragedia hable por sí sola.
