Tras casi dos días de audiencia, el juez Víctor Guzmán Afán, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de nueve meses contra 13 personas detenidas en un operativo realizado en la ribera del río Magdalena, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.
La medida responde al pedido de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, que investiga a los implicados por la presunta comisión del delito contra el medio ambiente en la modalidad de minería ilegal, en agravio del Estado, representado por el Ministerio del Ambiente.
El caso se originó el 19 de septiembre, cuando personal de la Comisaría de Aucayacu, al mando del mayor PNP Manuel Quijada Robelo, ejecutaba un patrullaje preventivo en el caserío de Alto Alianza.
Durante el recorrido por una trocha carrozable, los efectivos fueron alertados por el fuerte ruido de maquinaria y se trasladaron hasta un campamento improvisado, donde hallaron evidencia vinculada a actividades mineras ilícitas.
En el lugar se encontró una estructura metálica de cuatro metros de largo, tres de ancho y cuatro de alto, además de extensiones color naranja, tapetes tipo alfombra utilizados para el filtrado de minerales y otros implementos. Asimismo, se incautaron una camioneta marca JAC y un automóvil Toyota Corolla, presuntamente empleados para la logística de la actividad ilegal.
Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, entre ellas un menor de edad, hecho que fue comunicado a la Fiscalía Provincial de Familia de Aucayacu para las acciones correspondientes.
El fiscal adjunto Orlando Tarazona Morales sustentó el pedido de prisión preventiva contra los investigados: Pocho Solórzano, Edwin Sánchez, Luis Izquierdo, Cristian Valdiviezo, Jeiner Muñoz, Francisco Flores, Juan Huamán, Fabián Santillán, Segundo Ríos, Rocío García, Carlos León, Hilario Príncipe y Egidia Jara.
La Fiscalía argumentó que los elementos encontrados acreditan indicios razonables de la comisión del delito, así como la necesidad de asegurar la investigación y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.
Con esta decisión, los 13 imputados permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias judiciales. La investigación continuará con pericias ambientales y la evaluación del impacto ocasionado en la ribera del río Magdalena.
