El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, vuelve a estar en el ojo de la tormenta política. Esta vez, un grupo de 34 congresistas de diversas bancadas decidió dar un paso más allá y presentó una moción de censura en su contra, luego de que salieran a la luz nuevos audios que lo vincularían con presuntos actos de tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, conocido en el mundo del hampa como “El Diablo”.
La iniciativa fue impulsada por la parlamentaria Susel Paredes y encontró rápidamente respaldo suficiente para ser admitida a debate en el Pleno. El detonante, según fuentes legislativas, fueron precisamente las grabaciones difundidas por programas dominicales que mostraban conversaciones comprometedoras.
Sin embargo, la intención de censurar a Santiváñez ya se venía cocinando desde semanas atrás, debido a su accidentada gestión y a las investigaciones judiciales que enfrenta.
Para que la censura prospere, se requieren 67 votos en el hemiciclo, cifra que no parece imposible dada la acumulación de cuestionamientos contra el ministro. El debate se daría en octubre, una vez concluida la semana de representación parlamentaria.
Los argumentos detrás de la censura
La moción no solo se sustenta en los audios recientemente revelados. Los congresistas que la respaldan señalan que Santiváñez carece de idoneidad para ocupar un cargo tan sensible como el Ministerio de Justicia.
Entre los cuestionamientos destacan: Su paso por el Ministerio del Interior, donde fue censurado en marzo de 2025 tras el fracaso en el combate a la inseguridad ciudadana, con índices delictivos en constante aumento.
Acusaciones judiciales en curso, que incluyen tráfico de influencias, abuso de autoridad y presunta participación en una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos, la manipulación de ascensos en la Policía Nacional, la protección de operaciones ilegales y el encubrimiento de actos de corrupción. Impedimento de salida del país, dictado por la Corte Suprema en junio de 2025, al acreditarse indicios de que habría solicitado hasta 20 mil dólares para influir en decisiones del Tribunal Constitucional.
Todo esto ha generado un deterioro en su imagen y en la confianza política hacia su gestión, al punto de que incluso dentro del oficialismo su figura genera incomodidad.
Choque con la prensa y la Fiscalía
En medio de la polémica, Santiváñez acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar explicaciones. Lejos de disipar dudas, su presentación dejó más sombras que luces. El ministro utilizó un discurso confrontacional, acusando a la Fiscalía y a determinados medios de comunicación de haber creado una “red de persecución” en su contra.
“Al sector caviar no le gusta Santiváñez. Se trata de un aparato de red criminal: un dominical que lanza la noticia, un fiscal que la arma, un juez que dicta la medida, y nuevamente un dominical que la repite. Son los mismos periodistas, los mismos fiscales, los mismos jueces”, señaló.
