El debate sobre el octavo retiro de fondos de las AFP dio un vuelco inesperado. En menos de una semana, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dejaron de lado sus reservas iniciales y cerraron filas en torno a la postura de la presidenta Dina Boluarte, quien anunció públicamente que su gobierno respaldará la medida.
El giro responde a la fuerte presión ciudadana y a las crecientes protestas contra la reforma previsional aprobada recientemente en el Congreso.
El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, fue el primero en confirmar el viraje. Aunque hace solo unos días advertía que los retiros dejaban a millones de peruanos sin posibilidad de acceder a una pensión mínima, ahora sostuvo que se trata de una “decisión consensuada con la presidenta” y enmarcada en una política económica responsable.
Reconoció que el impacto no será menor: la liberación de hasta 4 UIT podría significar la salida de S/26.320 millones, lo que equivale al 22,7% de los fondos acumulados. Esta cifra dejaría a 8,6 millones de afiliados con saldo cero, incluidos 2,3 millones ya afectados por retiros anteriores.
En paralelo, desde Chiclayo, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también se alineó con la decisión presidencial. Su mensaje fue doble: por un lado, llamó a la responsabilidad individual, recordando que “lo que no se puede hacer es sacar el fondo para quedarse sin pensión”; pero, por otro, reconoció la utilidad de los retiros cuando son usados para proyectos, emprendimientos o necesidades urgentes de los afiliados.
Su posición contrasta con lo que declaró a fines de agosto, cuando advirtió que liberar fondos previsionales podía debilitar coberturas de salud, desempleo y jubilación.
El cambio de discurso en ambos ministerios se da tras la masiva marcha realizada en Lima el último fin de semana, donde colectivos de afiliados, sindicatos y estudiantes rechazaron la nueva ley del sistema previsional.
Esta norma prohíbe los retiros parciales y restringe el acceso al 95,5% del fondo para menores de 40 años, además de elevar la edad mínima para jubilación anticipada a 55 años. La protesta terminó convirtiéndose en un mensaje claro: la ciudadanía no está dispuesta a renunciar a la posibilidad de disponer de su dinero en momentos de necesidad.
