La reciente edición número 90 de la Vuelta Ciclista a España concluyó de manera abrupta, marcada por la controversia y las protestas generalizadas que impidieron la celebración habitual del podio y la victoria final. Este desenlace inesperado ha generado un intenso debate en los ámbitos político y deportivo, poniendo de manifiesto las tensiones existentes entre la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Gobierno de España. Las manifestaciones, motivadas por la participación del equipo Israel-Premier Tech, escalaron hasta el punto de forzar la cancelación de la última etapa en Madrid. La decisión de mantener la etapa final, a pesar de las advertencias, fue un punto de inflexión.
“Protestas” afectaron la conclusión de la Vuelta.
Según el reportaje de El País, apenas unas horas después de la interrupción de la Vuelta, el director de la ronda española, Javier Guillén, ofreció explicaciones sobre la decisión de la organización de continuar con la celebración de la última etapa a pesar de los múltiples llamamientos a manifestarse y las convocatorias de protestas pro-Palestina a lo largo de todo el recorrido y, muy especialmente, en el centro de la ciudad.
El comunicado emitido por la UCI expresó su profunda preocupación por lo que consideró acciones militantes que perturbaron el desarrollo de la competición. Se denunciaron intrusiones en el pelotón, lanzamiento de objetos que pusieron en peligro a los corredores, provocando caídas, lesiones y abandonos. La UCI criticó duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a su equipo, por supuestamente respaldar acciones que, a su juicio, contradicen los valores olímpicos. A pesar de la defensa de Guillén, las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de la categoría World Tour, incluyendo ingresos por derechos de televisión y patrocinios, estaban en juego si la UCI sancionaba a la Vuelta. La controversia se intensificó por la conexión entre Sylvan Adams, propietario del equipo Israel-Premier Tech, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como por la acusación de que el equipo se utiliza para “blanquear” la imagen de Israel a través del deporte. Las protestas, originadas desde la primera semana de la carrera, tuvieron un punto álgido con la cancelación de la última etapa, con una pérdida económica anual estimada en 11,5 millones de euros para Unipublic. El Consejo Superior de Deportes (CSD), por su parte, respondió a la UCI con una carta en la que defendía que el deporte no puede ser indiferente a las violaciones de los Derechos Humanos y acusaba a la UCI de “blanquear” un genocidio.
