El ciclismo, un deporte que a menudo trasciende lo puramente deportivo, se vio envuelto en una espiral de tensiones políticas durante la reciente Vuelta a España. La conclusión de la competencia se vio abruptamente interrumpida, dejando a un lado el tradicional festejo y el podio, eclipsados por las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y algunos incidentes violentos. Este desenlace imprevisto transformó el evento deportivo en un escenario de reivindicaciones políticas, marcando un final inusual para la competencia que recorre la geografía española. La edición de este año, que constó de 21 etapas y un recorrido total de aproximadamente 3,153 kilómetros, se recordará más por su carga política que por el desempeño atlético de los ciclistas.
La Vuelta a España 2025 finalizó abruptamente en Madrid, lejos de la celebración habitual, debido a protestas en favor de Palestina y episodios de violencia, según el reportaje de El País. La polémica se intensificó desde el principio, con el rechazo a la participación del equipo Israel-Premier Tech, cuya presencia generó controversia a lo largo de toda la carrera, manteniéndose firme pese a las crecientes presiones para su retirada.
El caos se apoderó de la última etapa en Madrid, donde la violencia y las cargas policiales frustraron la ceremonia de clausura, desatando una nueva crisis política a nivel nacional. Un grupo de manifestantes logró bloquear el paso de la etapa final en la línea de meta en Cibeles, mientras que miles de personas ondeaban banderas palestinas para denunciar la situación en Gaza. La cancelación de la última jornada, tras solo 57 kilómetros, dejó una imagen insólita: ciclistas como Jonas Vingegaard, líder y virtual ganador, detenidos en la zona de los Jardines del Moro, un hecho sin precedentes en las grandes vueltas.
A pesar del inicio tranquilo, con el tradicional posado de los ciclistas, la situación se tensó en el Paseo del Prado, donde la policía intervino ante el aumento de las protestas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado previamente su apoyo a los manifestantes. Sin embargo, tras la cancelación de la etapa, la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, responsabilizó a Sánchez por los incidentes. Tras la suspensión, las calles de Madrid se llenaron de manifestantes y se produjeron enfrentamientos con la policía, a pesar del despliegue de seguridad de 1.500 agentes. Las modificaciones del recorrido no lograron evitar el caos, especialmente en puntos críticos como Callao, Gran Vía y las cercanías del Palacio Real. La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado lamentando los incidentes, pero reafirmando su compromiso con la seguridad de los corredores.
Los primeros incidentes se remontan a la quinta etapa en Figueres, donde el equipo Israel-Premier Tech fue bloqueado brevemente. Las protestas se intensificaron en Bilbao, obligando a acortar el recorrido. La Ertzaintza recibió órdenes de contener, pero no de cargar contra los manifestantes. La situación se agravó con detenciones, hackeos y agresiones al equipo israelí, incluyendo insultos, escupitajos, lanzamiento de objetos y sabotaje de vehículos. Ni siquiera la eliminación del nombre de Israel de los maillots y coches calmó la situación. Los incidentes continuaron en etapas posteriores, con activistas interrumpiendo la carrera y obligando a modificar trazados. La caída de Romo (Movistar) por la acción de un manifestante llevó a los corredores a amenazar con abandonar la Vuelta, lo que resultó en un aumento de la seguridad.
