El caso del exfiscal Junior Castañeda Ccori, señalado como responsable de la muerte de la docente Elizabeth Rojas de Balareso (70), ha generado preocupación en la ciudad de Huánuco, debido a recientes cuestionamientos sobre la imparcialidad en el proceso judicial. Los familiares de la víctima temen que posibles conflictos de interés comprometan la búsqueda de justicia.
La tragedia ocurrió en junio pasado, cuando la reconocida educadora fue atropellada en circunstancias que, según los deudos, podrían haberse evitado. Sebastián Nieto, nieto de la víctima, denunció públicamente que al menos tres magistrados habrían solicitado inhibirse del caso por mantener vínculos personales o profesionales con la defensa del acusado. Señaló que dos de ellos estarían relacionados con la abogada del exfiscal, y un tercero tendría cercanía con el padre del procesado, exjuez supremo.
Pese a este contexto, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco declaró infundado el pedido de apartamiento, lo que ha profundizado la desconfianza de la familia en la imparcialidad del sistema judicial.
Además, los familiares afirman contar con grabaciones de cámaras de seguridad que demostrarían que el exfiscal conducía a alta velocidad y habría chocado previamente con otros vehículos antes de atropellar a la docente. Estas pruebas, según indican, contradicen la versión legal que atribuye el hecho a un supuesto ataque epiléptico.
La audiencia de apelación del pedido de prisión preventiva está prevista para el 15 de septiembre. En ella, se espera que los jueces evalúen los elementos con independencia y sin presiones externas. La familia exige una investigación transparente y una decisión basada en los hechos y las pruebas, no en vínculos personales o influencias institucionales.
