El botadero de Chilepampa se ha convertido en el reflejo más claro de la desidia institucional y de la falta de responsabilidad compartida entre los municipios que deberían garantizar la adecuada disposición de los residuos sólidos. No estamos frente a un problema menor: la capital regional y sus distritos producen diariamente alrededor de 200 toneladas de basura y desmonte, una cifra que, sin un manejo técnico adecuado, puede convertirse en una amenaza directa para la salud pública y el medio ambiente.
La alerta lanzada por la Municipalidad Provincial de Huánuco debería sacudir conciencias. Según reconoció su gerente, Lorenzo Silva, el espacio disponible está al límite, el personal técnico es insuficiente y la maquinaria corre el riesgo de paralizarse por falta de combustible y mantenimiento. La raíz de este colapso anunciado es evidente: los municipios distritales no están cumpliendo con sus pagos mensuales, lo que bloquea la contratación de trabajadores y el financiamiento de las operaciones básicas.
El incumplimiento de las municipalidades de Amarilis, Santa María del Valle, La Esperanza y otras jurisdicciones no solo retrasa la gestión del botadero, sino que traslada la carga económica a la comuna provincial. Cada factura impaga significa un día más de improvisación, un retraso en la compra de combustible o la paralización de un camión recolector. Y mientras las autoridades discuten sobre transferencias y presupuestos, las calles se exponen al riesgo de verse inundadas de basura.
No se trata de un simple atraso administrativo. Hablamos de una negligencia que puede costar caro a la ciudadanía: proliferación de plagas, contaminación de suelos y ríos, y la inevitable indignación de los vecinos que pagan sus tributos esperando un servicio elemental como es la limpieza pública.
El problema de fondo es que la gestión de residuos sólidos sigue siendo tratada como un asunto secundario, cuando en realidad debería figurar entre las prioridades básicas de cualquier administración local. Las campañas de concientización son necesarias, pero de poco sirven si los gobiernos distritales no cumplen con la obligación mínima de financiar el sistema que sostiene la limpieza de la ciudad.
La crisis de Chile Pampa es, en suma, el resultado de un modelo fragmentado e irresponsable. Si las municipalidades continúan evadiendo su responsabilidad, el botadero se paralizará y el costo lo asumirán miles de familias huanuqueñas.
Es urgente que los alcaldes distritales honren sus compromisos financieros y que el Gobierno Regional, junto al Ministerio del Ambiente, asuman un rol más firme de supervisión y apoyo. La basura no espera, y el colapso de Chile Pampa sería una catástrofe sanitaria y ambiental de consecuencias imprevisibles.
La población merece soluciones, no excusas. Es hora de que las autoridades respondan con hechos concretos antes de que la ciudad se vea sepultada bajo el peso de su propia indiferencia.
