El expresidente de la Cámara de Comercio de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, expresó su satisfacción por la reciente sentencia emitida contra el exalcalde de Huánuco, Koko Giles, por la cesión gratuita de uso de un predio municipal a la empresa privada Urbi por un periodo de 70 años.
Según manifestó, este fallo representa una forma de justicia largamente esperada por diversos sectores locales, luego de más de 15 años de proceso judicial.
Refulio recordó que durante su gestión al frente de la Cámara de Comercio se promovió una acción de amparo contra el acuerdo municipal que autorizó dicha cesión.
En su opinión, esta decisión judicial viene a reconocer que aquella transferencia fue altamente cuestionable, tanto por su duración como por el carácter gratuito que se otorgó a una infraestructura pública de alto valor estratégico. “La justicia tarda, pero llega. Esta sentencia responde a los delitos que, según las autoridades judiciales, se han cometido”, señaló.
El terreno en cuestión, de acuerdo con sus declaraciones, está valorizado en más de 200 millones de dólares y habría sido entregado sin contraprestación clara ni estudios de impacto suficientes. Refulio consideró que la cesión de uso a una empresa privada por siete décadas no solo excede los límites razonables de temporalidad, sino que sienta un mal precedente en la administración del patrimonio público.
“Aún falta reparar daño”
Más allá del reconocimiento judicial, Refulio subrayó que la ciudad aún tiene pendientes temas críticos en materia de reparación y resarcimiento. En ese sentido, planteó que las autoridades actuales —y eventualmente la Cámara de Comercio— podrían evaluar acciones para buscar lo que definió como “una reivindicación legítima del terreno a favor de la ciudad de Huánuco”.
Desde su perspectiva, el daño no se limita a la ocupación del predio, sino también al impacto acumulado en dimensiones como el medio ambiente, la economía local y la confianza ciudadana en las decisiones municipales.
“La cesión de uso se dio desestimando todos los criterios técnicos de impacto ambiental. Eso no sucede en una gestión seria. Es necesario evaluar el costo completo del daño causado por esta decisión administrativa”, expresó.
Asimismo, recordó que, aunque el terreno fue cedido, la propiedad legal del predio sigue en manos de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Refulio comparó este caso con una experiencia en El Porvenir (Lima), donde una concesión similar por 40 años retornó al municipio tras cumplirse el plazo estipulado. “Este antecedente debe motivar a las autoridades a asumir un rol activo en la protección de los bienes de la ciudad”, dijo.
A su juicio, el fallo no solo sanciona una decisión irregular del pasado, sino que abre la puerta a posibles medidas correctivas desde el plano legal y administrativo. Refulio sostuvo que la empresa Urbi debería asumir su parte en los daños ocasionados. “No hubiese existido una cesión irregular si no hubiera existido un concesionario que la aceptara. Esa responsabilidad también debe ser evaluada”, afirmó.
Reacciones, responsabilidades políticas y advertencias para futuras autoridades
Consultado por la postura pública del exalcalde Giles, quien se habría pronunciado a través de sus redes sociales tras conocerse la sentencia, Refulio opinó que “toda persona afectada por una decisión judicial tiende a emitir justificaciones”, pero remarcó que la sentencia representa una respuesta del Estado frente a actos cuestionables desde el punto de vista administrativo y legal. “Queda en manos de la sociedad civil valorar esas explicaciones”, comentó.
En relación con la actuación del Concejo Municipal de ese periodo, el exdirigente empresarial aclaró que no todos los regidores fueron comprendidos en la sentencia judicial, ya que algunos —según explicó— no participaron directamente en la aprobación de la cesión. “El fallo ha sido gravitante para quienes tuvieron una implicancia concreta. El resto del Consejo fue exceptuado por el Poder Judicial”, detalló.
Dato:
Refulio insistió en que el caso debe servir como un llamado de atención a las actuales y futuras autoridades. “El mensaje para los regidores es claro: el patrimonio público no puede ser entregado sin evaluación técnica ni compensación. Las consecuencias de esas decisiones se pagan incluso muchos años después”, sostuvo.
