En la coyuntura sobre el terreno que funciona el Real Plaza de Huánuco, el procurador provincial de Huánuco, Homero Dávila Soria, informó que la Procuraduría Municipal presentó una demanda para declarar nulo el laudo arbitral que favoreció a la empresa Urbi Propiedades, perteneciente al grupo Intercorp.
Según explicó, la controversia se originó en un contrato suscrito años atrás y que dio lugar a un proceso arbitral en el que, a criterio de la comuna, no se respetaron las formalidades exigidas por el mismo documento.
El funcionario sostuvo que la empresa nunca notificó ni coordinó con la municipalidad antes de iniciar el arbitraje, pese a que era un requisito expresamente establecido en el contrato.
“Ellos nunca nos comunicaron ni convocaron a una reunión. De frente interpusieron la acción, lo cual vulnera el contrato”, declaró a medios locales. De acuerdo con el procurador, esta omisión configura una causal suficiente para solicitar la nulidad del laudo y evitar que se ejecute en perjuicio de los intereses municipales.
El proceso judicial tuvo además complicaciones iniciales porque los notificadores no pudieron ubicar a los representantes de Urbi Propiedades en los domicilios señalados en los contratos.
Frente a esta situación, la Procuraduría solicitó apoyo de la SUNAT para obtener un domicilio válido que permitiera dar curso a la notificación judicial de la demanda de nulidad, trámite que actualmente se encuentra en desarrollo.
Laudo arbitral exige formalización de trámites en Registros Públicos
El laudo arbitral cuestionado dispuso que la Municipalidad de Huánuco debía cumplir con la formalización de trámites administrativos necesarios para inscribir el proyecto comercial en Registros Públicos.
Sin embargo, el procurador manifestó que esta disposición es de “cumplimiento imposible” debido a que la documentación no se encuentra debidamente saneada. “El laudo ordena inscribir el proyecto, pero eso no se puede cumplir porque no toda la documentación está regularizada”, señaló.
En ese sentido, recordó que hasta la fecha el predio donde se proyecta la instalación del centro comercial, identificado por la población como Plaza Vea, no ha sido inscrito en los registros oficiales. De acuerdo con la Procuraduría, esta situación revela que el arbitraje no solo vulneró el contrato, sino que además ordenó un procedimiento que en la práctica no puede ejecutarse mientras no se resuelvan las observaciones pendientes.
Dato
Dávila también destacó que recientemente se emitió una sentencia penal condenatoria contra exfuncionarios y actores vinculados al contrato que dio origen a la controversia. En su opinión, este fallo constituye una prueba adicional que respalda el pedido de nulidad. “Cuando planteamos nuestras observaciones al laudo, no se nos tomó en cuenta. Hoy ya existe una sentencia que condena a quienes intervinieron en ese contrato, lo cual confirma que teníamos razón en advertir irregularidades”, expresó.
