TC blindó pesquisas por crimen organizado y prepara maniobra similar para lideresa fujimorista
El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos, ha generado un fuerte debate jurídico y político en el país. La decisión, adoptada por mayoría, fue interpretada por diversos analistas como un respaldo institucional que obstaculiza el trabajo del Ministerio Público y deja sin efecto una línea de investigación clave relacionada a presunta organización criminal.
De acuerdo con la revista Hildebrandt en sus trece, el fallo beneficia directamente a Boluarte y abre el camino para que una medida similar sea aplicada en el caso de Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular afronta actualmente una acusación fiscal por lavado de activos en el caso “Cocteles”, expediente que también podría quedar neutralizado si prospera la demanda presentada por el excongresista Pedro Olaechea.
Keiko Fujimori sería la siguiente beneficiaria del TC, según contexto jurídico-político
La publicación sostiene que el blindaje ofrecido a Boluarte fue impulsado por un Tribunal nombrado por el Congreso, con predominancia de representantes afines a Fuerza Popular y la alianza de derecha con Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otros partidos conservadores. Esta mayoría habría cerrado filas para desactivar el poder del sistema fiscal frente a los más altos cargos del país, incluidas investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.
El TC dejó sin efecto los actos fiscales relacionados a las pesquisas contra la presidenta, incluidas medidas como el levantamiento del secreto bancario y tributario, y el análisis de bienes. La revista califica la medida como una “cirugía institucional” que busca asegurar impunidad hasta el final del mandato presidencial en 2026.
En el caso Fujimori, los antecedentes permiten prever un escenario similar. La lideresa fujimorista está acusada de haber recibido más de 17 millones de soles en aportes ilícitos durante campañas anteriores. De seguir el mismo criterio adoptado por el TC en el caso Boluarte, las pruebas recogidas por el fiscal José Domingo Pérez quedarían también fuera del proceso judicial.
Justicia desactivada ante delitos de alta corrupción, advierten especialistas
El abogado penalista Carlos Rivera y la exprocuradora Katherine Ampuero, citados en el reportaje, advierten que la decisión del TC sienta un precedente muy grave, al permitir que figuras con poder político puedan paralizar las acciones de la Fiscalía argumentando un supuesto conflicto de competencias. Ambos coincidieron en que esto desnaturaliza la función del sistema anticorrupción.
Por otro lado, el reportaje también recoge opiniones de magistrados retirados y constitucionalistas, quienes sostienen que el TC estaría actuando como un “tribunal político” y no como un organismo garante del orden constitucional. La situación actual, afirman, evidencia una alineación del Tribunal con intereses partidarios que debilita el principio de separación de poderes.
Desde el Congreso, representantes de partidos opositores como Cambio Democrático y Perú Libre calificaron de “impresentable” el fallo y anunciaron acciones ante instancias internacionales.
