La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, a cargo del fiscal provincial Fredy Salinas Yaury, presentó acusación contra el actual alcalde provincial de Yarowilca, Edson Cabrera, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal en cargo público.
De acuerdo con la investigación, apenas asumido el cargo el 1 de enero de 2023, el burgomaestre designó, el 3 de enero de ese mismo año, a Lida Villar como gerenta de Secretaría General, y a Peter Chávez como gerente de Desarrollo Social, pese a que ambos no habrían cumplido con los requisitos mínimos establecidos para dichas funciones.
La Fiscalía sostiene que estos nombramientos carecían de la experiencia y perfil profesional que la normativa exige para ejercer cargos de confianza en la administración pública. Asimismo, se precisa que Villar continúa en funciones, mientras que Chávez renunció a su puesto el 14 de enero de 2024.
Denuncias y acusados
En el mismo caso, además del alcalde Cabrera, también fueron denunciados Lida Villar y Peter Chávez, quienes habrían incurrido en el presunto delito de aceptación ilegal de cargo público. La Fiscalía solicita para ambos 29 meses de pena privativa de libertad efectiva.
El fiscal provincial Salinas Yaury solicitó al juzgado la imposición de sanciones que incluyan no solo las penas privativas de libertad, sino también la devolución de los montos percibidos indebidamente durante el tiempo que ejercieron funciones, así como el pago solidario de una reparación civil de S/ 10,000 a favor del Estado.
Proceso en curso
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de acusación fiscal, a la espera de que el Juzgado Colegiado disponga la apertura del juicio oral. Durante este proceso, se evaluarán los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales de los acusados.
La Fiscalía recalcó que este caso busca sentar un precedente en la lucha contra los nombramientos irregulares en la administración pública, recordando que estos actos afectan la eficiencia de la gestión y la confianza ciudadana en sus autoridades.
