El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vuelve a estar en el ojo público tras decisiones que comprometen directamente a dos de los principales opositores al gobierno de Dina Boluarte: el expresidente Martín Vizcarra y la exprimera ministra Betssy Chávez.
En el caso de Vizcarra, una resolución directoral del INPE dejó sin efecto su permanencia en el penal de Barbadillo, donde también cumplen prisión Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El documento señala que su ficha de clasificación arroja un puntaje que correspondería al penal de Lurigancho, y recuerda que Barbadillo “no figura como destino” en la directiva de clasificación penitenciaria.
El jefe del INPE, Iván Paredes, aseguró que la medida no responde a injerencia política y que la Junta de Clasificación actuará con autonomía. No obstante, la defensa del expresidente cuestiona la resolución por carecer de fundamentos claros y anunció un habeas corpus correctivo. En Moquegua, región natal de Vizcarra, ciudadanos realizaron vigilias en rechazo al posible traslado.
Paralelamente, Betssy Chávez ha denunciado maltratos físicos en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, además de abusos en sus traslados al penal de Barbadillo. Ante la falta de respuesta, ha recurrido a huelgas de hambre en distintas ocasiones, siendo la última una medida extrema: anunció una huelga seca mediante una carta dirigida a su madre, donde pidió expresamente no ser reanimada en caso de fallecer.
De este modo, tanto Vizcarra como Chávez, más allá de pertenecer a gobiernos distintos, comparten hoy una misma condición: enfrentar decisiones del sistema penitenciario que, en medio de tensiones políticas, han generado suspicacias sobre un eventual trasfondo represivo.
En el caso de Vizcarra, especialistas descartan la validez del argumento esgrimido por el jefe del INPE, Iván Paredes, sobre que el exmandatario debería ser enviado a Lurigancho por el puntaje obtenido en su ficha de clasificación. Según la explicación, existen tres penales —Barbadillo, Base Naval del Callao y Challapalca— que no forman parte de la directiva regular de clasificación, sino que se utilizan por motivos de seguridad.
En paralelo, la situación de Betssy Chávez revela otra cara de la crisis penitenciaria. El INPE estaría desatendiendo las denuncias de maltrato físico y abusos en su contra, tanto durante sus traslados como dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
