La minería ilegal no solo ha llegado a Huánuco. Se ha instalado, se ha expandido y se ha vuelto más agresiva. Ya no se esconde. Ya no teme. Hoy amenaza con borrar del mapa vastas zonas de selva que han sobrevivido por siglos. La más golpeada: Puerto Inca. La advertencia no es una figura retórica. Según lo denunciado por medios de prensa, esta provincia podría desaparecer en un año si la destrucción continúa al ritmo actual. Y no hay señales de que vaya a detenerse.
Lo que está ocurriendo en esta zona no es minería. Es una maquinaria de devastación desatada que arrasa bosques enteros, contamina ríos con mercurio y deja tras de sí paisajes convertidos en despojos infértiles. La biodiversidad se ha vuelto humo, los animales han huido o muerto, los árboles se desploman por decenas de miles, y lo más alarmante: nadie, absolutamente nadie desde el Gobierno central, ha mostrado un interés real en detener esta barbarie.
Asimismo, quienes se atreven a levantar la voz están siendo amenazados. Peor aun, familias están siendo afectadas por la contaminación del agua. Lo que se está perdiendo en Huánuco no se recuperará jamás. No es una exageración, es una advertencia que las futuras generaciones nos reprocharán no haber escuchado. En Puerto Inca ya se puede observar el colapso: su geografía cambia mes a mes, los afluentes están moribundos y los pueblos que rodean la zona viven entre el miedo y la resignación. La minería ilegal no deja espacio para la vida ni para la dignidad.
Las autoridades han insistido en que se necesitan acciones urgentes del Congreso y del Ejecutivo. Pero los pedidos han sido respondidos con silencio o indiferencia. ¿Es que acaso no les importa que una provincia entera esté a punto de ser engullida por el caos ambiental y la violencia? ¿Hasta cuándo se permitirá que esta actividad avance protegida por la inacción?
Lo que viene ocurriendo no es solo un crimen contra la naturaleza. Es un crimen contra el país. Si no se actúa ya —no mañana, no en un mes, sino ahora— Puerto Inca será una tragedia anunciada, una cicatriz imborrable en la historia del Perú.
Huánuco, y en especial sus provincias fronterizas con Ucayali, están luchando solas contra una amenaza que tiene brazos largos y bolsillos profundos. Mientras tanto, sus autoridades siguen recibiendo amenazas. Sus pobladores ven cómo se esfuma su entorno. Y el Estado, el mismo que exige impuestos y promesas de lealtad ciudadana, no aparece.
No se trata de un tema político. Se trata de una región que grita auxilio mientras se desangra. La indiferencia institucional es hoy el mejor aliado de la minería ilegal. Y si no hay una respuesta inmediata, con presencia policial y militar efectiva, con leyes aplicadas con rigor y con una estrategia nacional de recuperación, entonces será el Estado el que cargue con la culpa de la desaparición de Puerto Inca. Porque esta no será una pérdida natural. Será una ejecución. Y será pública.
