El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, manifestó que el reciente incremento de conflictos entre inspectores municipales y transportistas informales tiene origen en una sentencia del Tribunal Constitucional que, según indicó, ha restringido las competencias de los gobiernos locales en materia de fiscalización del transporte público.
Entre las limitaciones más significativas —según declaró— se encuentra la imposibilidad legal de usar grúas para el retiro de vehículos, herramienta que antes era clave en los operativos de control.
Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Jara afirmó que esta decisión ha reducido la capacidad operativa del municipio, dejando a los fiscalizadores “con las manos atadas” para enfrentar el creciente desorden vehicular en la ciudad.
“Nos han quitado la posibilidad de usar grúas. Y eso ha generado un efecto inmediato: ha aumentado la presencia de vehículos sin documentación en regla, sin empadronamiento y fuera del marco normativo”, expresó.
La autoridad edil sostuvo que esta situación ha favorecido la presencia de actores informales en el sistema de transporte urbano, generando fricciones con los fiscalizadores que aún continúan realizando operativos, pero con menos herramientas legales.
“No hemos dejado de imponer papeletas. Eso todavía es legal. Pero sin grúa, el control pierde fuerza”, declaró.
Proliferación de informalidad
De acuerdo con la versión del alcalde, la proliferación de vehículos informales ha generado también un clima de tensión creciente entre los trabajadores de fiscalización y algunos conductores.
En los últimos días, sostuvo, se han producido disturbios en puntos críticos de la ciudad, como el puente Joaquín Garay, la zona de San Pedro y las inmediaciones del depósito vehicular. Según informó, incluso se habría intentado tomar las instalaciones municipales y se registraron amenazas para incendiar una grúa.
Jara afirmó que los responsables de estos hechos serían personas vinculadas al transporte informal que rechazan los operativos y estarían promoviendo acciones violentas para frenar la fiscalización. Indicó además que ya se ha identificado a por lo menos ocho personas involucradas y varios trimóviles en situación irregular.
“Estamos recogiendo información. Hay antecedentes de informalidad desde 2021 en algunos de ellos. No son casos nuevos”, afirmó. Asimismo, no descartó que los mensajes de intimidaciones cometidos en su vivienda hayan sido perpetrados por los informales.
El alcalde reconoció que, hasta el momento, ninguno de los fiscalizadores agredidos ha formalizado una denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. “Son aproximadamente doce los fiscalizadores afectados, entre ellos mujeres. Aún no hay denuncias formales, y eso puede afectar las investigaciones”, señaló.
EL DATO
Jara señaló que, pese al escenario adverso, su gestión continuará aplicando el principio de autoridad y no dará marcha atrás en la fiscalización del transporte urbano. “Si por miedo dejo de actuar, pierdo el principio de autoridad. Y si eso ocurre, mejor renuncio al cargo. Yo no he venido a ceder ante amenazas”, expresó durante sus declaraciones.
