Un portero de la institución educativa Ricardo Palma N.° 31756, ubicada en Chaupimarca, Pasco, fue detenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por una joven de 22 años por presuntos tocamientos indebidos ocurridos dentro del plantel.
De acuerdo con el reporte policial, la denuncia fue presentada el 20 de agosto por la ciudadana identificada con las iniciales R.J.R.C., quien relató que el hecho se produjo la noche del 18 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, cuando se encontraba en las instalaciones del colegio.
Ante la gravedad de la denuncia, agentes policiales se trasladaron de inmediato al centro educativo, donde se entrevistaron con el director del plantel para coordinar la intervención. Minutos después, ubicaron al trabajador V.L.S. (39), quien cumplía funciones de vigilancia nocturna en el colegio. El sujeto fue encontrado en un aula que también es utilizada como almacén y sala de música.
Al hallarse en presunta flagrancia delictiva, los efectivos procedieron a su detención inmediata por el presunto delito contra la libertad sexual – tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, conducta tipificada en el artículo 176 del Código Penal.
El caso fue comunicado al Ministerio Público, específicamente a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco, que asumirá las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del intervenido.
La noticia ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes exigieron celeridad en las investigaciones y mayores medidas de seguridad en los planteles escolares, especialmente durante los turnos de vigilancia nocturna.
Las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, será la investigación fiscal y judicial la que defina si el detenido es responsable o no del delito denunciado. Mientras tanto, el portero permanecerá bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias preliminares, que incluirán la declaración de la víctima, pericias psicológicas y eventuales testimonios de testigos.
El caso reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los filtros de contratación en instituciones educativas y garantizar espacios seguros para los estudiantes y visitantes, más aún en horarios en los que la supervisión institucional es limitada.
