El consejero regional de Huánuco, Olchese Tarazona, expresó su rechazo y preocupación frente a los recientes cuestionamientos surgidos por la adjudicación de una obra pública de más de 38.2 millones de soles al consorcio Pérgola, cuya idoneidad y constitución empresarial han sido objeto de dudas.
Tarazona consideró que “este nuevo caso se suma a la larga lista de presuntas irregularidades en contrataciones impulsadas por el Gobierno Regional, particularmente en sectores sensibles como salud”.
La obra en cuestión corresponde a la ejecución de un centro de salud en el distrito de Baños, – Lauricocha, y ha sido duramente criticada por haberse asignado a un consorcio cuya conformación y respaldo financiero han sido puestos en entredicho.
No hubo controles
Tarazona cuestionó que dicho comité, así como otras instancias del Gobierno Regional, no hayan activado controles posteriores sobre la documentación entregada por la empresa. También criticó que una persona con antecedentes por corrupción haya formado parte del proceso de evaluación de la propuesta del consorcio, lo cual calificó como “un indicio grave que debe ser investigado”.
Respecto al rol de la Contraloría, el consejero manifestó que en los últimos meses la entidad ha mostrado poca reacción ante hechos que deberían generar preocupación. “Esperamos que esta situación reactive la función fiscalizadora de la Contraloría, porque no podemos seguir permitiendo este tipo de contrataciones a vista y paciencia de las autoridades”, sostuvo.
Incluso advirtió que una de las empresas socias del consorcio habría estado inhabilitada durante el proceso de adjudicación, hecho que —según indicó— fue advertido a tiempo a través de redes sociales, pero no fue tomado en cuenta por el comité de selección.
Discrepó con gobernador
El gobernador Antonio Pulgar responsabilizó a OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) y a la Contraloría por supuestamente no haber verificado a tiempo los antecedentes de la empresa adjudicataria.
Sin embargo, Tarazona discrepó con esa postura y afirmó que, aunque dichas entidades tienen responsabilidades técnicas, también recae sobre el Gobierno Regional la obligación de verificar a fondo la idoneidad de las empresas que contrata.
“Se entiende que las oficinas de abastecimiento están integradas por personal con formación y experiencia certificadas. Es su deber revisar que las empresas tengan la solvencia técnica y legal para ejecutar obras de gran envergadura”, señaló el consejero. Añadió que esta omisión ya estaría generando un grave riesgo para la ejecución efectiva de la obra, afectando directamente a la población.
No descarta modus operandi
Tarazona también indicó que, si bien la normativa vigente permite modalidades como el fideicomiso en lugar de la carta fianza, el problema no radica en los instrumentos utilizados, sino en la falta de rigurosidad para asegurar que las empresas contratistas sean solventes. “No se trata solo de cumplir con los papeles. Se trata de garantizar que la empresa pueda ejecutar con eficiencia y transparencia”, dijo.
Una de las mayores preocupaciones expuestas por el consejero es que se trataría de una práctica reiterada por parte del consorcio, al que también se le vincula con contratos en otras regiones como Ayacucho y Trujillo.
El dato
El consejero remarcó que será el Ministerio Público el encargado de determinar si en este caso hubo negligencia, omisión o una intención dolosa. Mientras tanto, el avance de la obra —que según estimaciones no oficiales bordea el 60%— sigue sin garantizar una culminación exitosa, en medio del creciente escepticismo de la ciudadanía frente a los procesos de contratación pública en la región.
