Una intervención conjunta de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y efectivos del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción movilizó esta semana a la sede central del Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO).
El operativo se dio en horas de la mañana de ayer y tuvo como finalidad recabar documentación sobre el proceso de adjudicación de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud estratégico de Baños”, valorizada en más de S/ 38 millones.
Según fuentes del Ministerio Público, la diligencia estuvo enfocada en el proceso que otorgó la buena pro al Consorcio Salud Lauricocha, conformado por las empresas Grupo Pérgola SAC y RIVA SAIICFA. De acuerdo con una denuncia emitida por el programa Panorama, la empresa Pérgola SAC estaría constituida por accionistas sin ninguna trayectoria profesional en el rubro de construcción.
Las diligencias fiscales incluyeron la incautación de archivos y expedientes técnicos del área de Abastecimiento del GOREHCO, donde se habría llevado a cabo la evaluación y adjudicación. La Fiscalía no ha precisado si abrirá una carpeta fiscal por colusión, tráfico de influencias o falsedad ideológica, pero voceros del Ministerio Público indicaron que el caso se encuentra aún en etapa de análisis documentario.
Uno de los puntos más sensibles revelados por ese reportaje es que la socia mayoritaria, Beatriz Benique Quispe, se dedica a la venta de desayunos en Villa El Salvador. Junto a ella figura como accionista Celeste Flores Carrillo, quien habría trabajado como barrendera municipal.
La intervención se desarrolló sin incidentes visibles, pero generó gran expectativa entre trabajadores y medios de comunicación. La fiscal responsable de la diligencia evitó dar declaraciones a la prensa. “No tengo autorización para declarar… como ustedes están viendo, solo documentario…”, señaló ante la insistencia de los reporteros, quien avanzó sin decir ninguna palabra.
Consorcio bajo la lupa
El contrato con el Consorcio Salud Lauricocha fue firmado tras una segunda convocatoria realizada en agosto de 2023. En esa ocasión, la obra fue adjudicada por un monto total de S/ 38 253 053.53. Sin embargo, en una primera licitación pública el mismo consorcio había obtenido la buena pro por S/ 37 millones, pero no presentó la garantía de fiel cumplimiento exigida por ley, lo que motivó la anulación del proceso.
A pesar de haber incumplido esa obligación formal, el consorcio fue habilitado nuevamente para participar en el segundo concurso. Fue el único postor que se presentó y resultó nuevamente adjudicado, esta vez con un presupuesto mayor.
Hasta el momento, el Gobierno Regional no ha explicado públicamente por qué se permitió su participación ni por qué no fue inhabilitado temporalmente, como establece la normativa de contrataciones del Estado en casos similares..
Comité evaluador
El proceso de evaluación estuvo a cargo del comité especial N.º 021-2023-GRH/GRA, integrado por Edwin Becker Fernández Cotrina, Joel Primo Isidro y David Caqui Acosta. Según información periodística difundida por medios nacionales, uno de los integrantes del comité tendría antecedentes por corrupción, lo que ha reavivado los cuestionamientos sobre la transparencia y el rigor con el que se condujo el proceso.
Otro aspecto preocupante es la situación legal de la segunda empresa socia del consorcio. RIVA SAIICFA Sucursal del Perú habría estado suspendida judicialmente al momento de la firma del contrato. La resolución judicial N.º 01, emitida por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima el 31 de agosto de 2023, dispuso la suspensión de sus actividades.
Esta situación no fue detectada ni reportada por el comité evaluador, a pesar de que ya existían denuncias públicas y reportajes sobre posibles irregularidades en los antecedentes del consorcio Salud Lauricocha.
Ciudadanos exigen sanciones
Durante la intervención, ningún representante del Gobierno Regional brindó declaraciones. Las críticas en redes sociales y medios locales apuntan a una supuesta estrategia de silencio institucional para evitar responder sobre los antecedentes de las empresas adjudicatarias, la legalidad del proceso y el papel del comité evaluador. Colectivos ciudadanos han solicitado formalmente que se publique la lista completa de postores descartados, así como los informes técnicos usados para sustentar la contratación.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado si se ha iniciado alguna acción administrativa interna ni si la Contraloría General de la República ha sido convocada para realizar una auditoría especial al proceso de licitación. La ciudadanía y las organizaciones de transparencia pública exigen que este caso no quede, como otros, en el archivo de la impunidad.
