Los abogados de ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara presentaron pedidos para que sus defendidos sean beneficiados con la Ley N°32419, conocida como Ley de Amnistía, que exonera a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados por crímenes de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. La defensa sostiene que se trata de un “perdón legal que borra los delitos” y que la norma debe aplicarse de manera inmediata.
Entre los procesados que buscan este beneficio figuran Alejandro Avendaño, Gino Espejo Lamas, Julián Joaquín Solórzano y el exgeneral José Valdivia Dueñas, prófugo de la justicia. Durante la audiencia del 18 de agosto, los abogados alegaron que la Sala no puede ejercer control de convencionalidad y que, por lo tanto, no tiene margen para rechazar los pedidos. Incluso, la defensa de Valdivia Dueñas argumentó que su cliente “no está en la clandestinidad, sino guarecido” y pidió considerar su avanzada edad de 89 años.
La Sexta Sala Penal Superior anunció que no resolverá cada solicitud de manera individual, sino que dará respuesta conjunta al final del juicio, cuando emita sentencia.
La polémica es mayor porque, mientras las defensas apelan a la amnistía, los familiares de las víctimas de Cayara —más de 30 campesinos asesinados y 7 desaparecidos en 1988— continúan esperando justicia tras casi cuatro décadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha rechazado categóricamente la aplicación de esta ley, advirtiendo que se estaría beneficiando a “torturadores, violadores y asesinos”, y que se vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y reparación.
