La controversia en torno a la defensa legal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, toma un nuevo giro. La Municipalidad de Lima ha rechazado asumir los costos de su defensa en una investigación pendiente, argumentando que los presuntos delitos investigados, relacionados con Invermet, no recaen directamente bajo la responsabilidad de la comuna, sino de este organismo descentralizado. Este pronunciamiento se da en un contexto donde Villarán enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión, un periodo marcado por importantes proyectos de infraestructura y también por serios cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de fondos públicos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la municipalidad respondió formalmente a la solicitud de la exalcaldesa a través de una carta emitida por Raúl Fernández Olivares, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos.
En la comunicación, Fernández Olivares subraya que los hechos imputados a Villarán se habrían producido en su rol como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Este punto es crucial, ya que, conforme al artículo 160 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Lima, Invermet goza de autonomía administrativa, económica y técnica, siendo un organismo público descentralizado de la comuna. Esto implica que, si bien está vinculado a los objetivos de la Municipalidad de Lima, opera de manera independiente en la gestión de inversiones en servicios y obras públicas.
La respuesta municipal indica que la solicitud de Villarán debe ser redirigida a Invermet, organismo que deberá evaluar si procede o no asumir la defensa legal. Es importante recordar que Invermet, durante la gestión de Villarán, jugó un papel clave en la financiación y ejecución de proyectos de infraestructura en la ciudad, y su gestión ha sido objeto de escrutinio en el marco de las investigaciones por corrupción.
La solicitud inicial de Villarán, presentada el 16 de julio, buscaba que la Municipalidad de Lima le proporcionara la defensa legal institucional a la que consideraba tener derecho como exalcaldesa. En su misiva, Villarán detallaba que se encuentra en la etapa intermedia de control de acusación ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios. La exalcaldesa también especificó que la investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de valorizaciones adicionales al Consorcio Villa en la obra de la Plaza de la Bandera, un proyecto emblemático de su gestión.
En su solicitud, Villarán incluso incluyó una propuesta de defensa legal valorada en S/31 mil, esperando que la comuna metropolitana asumiera este costo. Sin embargo, la respuesta negativa de la Municipalidad de Lima plantea interrogantes sobre quién asumirá finalmente la defensa legal de la exalcaldesa en este caso específico. Este episodio se suma a la compleja situación legal que enfrenta Villarán, quien también cumple 36 meses de impedimento de salida del país mientras es juzgada por el caso de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas políticas, un escándalo que ha sacudido la política peruana en los últimos años.
