La acusación de liderar una presunta red criminal vinculada al financiamiento irregular y al control de instituciones electorales fue formalizada ante la justicia. Según la Fiscalía, existen indicios de que se cometieron delitos graves que justificarían más de dos décadas de pena privativa de libertad por la suma de cohecho activo específico, organización criminal y otros.
La Fiscalía ha presentado ante el Poder Judicial una acusación formal que solicita una pena acumulada superior a 22 años de prisión efectiva, en función de los múltiples delitos imputados, entre ellos la organización criminal y el cohecho activo específico. Esto refleja una estrategia penal orientada a que la sanción sea contundente ante la presunta gravedad de los hechos.
Según el Ministerio Público, se habría utilizado una red de operadores para asegurar la designación de funcionarios clave en instituciones como la ONPE y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de facilitar la inscripción del partido Podemos Perú. Se señala también que los presuntos delitos fueron financiados con dinero proveniente de fuentes no identificadas, algunas de ellas posiblemente privadas.
Este caso se enmarca en una investigación más amplia sobre lo que la Fiscalía denominó la organización criminal “Los Gánsteres de la Política”, cuyo propósito habría sido lograr posicionamientos estratégicos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la ONPE. Según los investigadores, hubo pagos irregulares para favorecer designaciones clave.
El exlegislador también enfrenta acusaciones relacionadas con la inscripción irregular de su partido, Podemos Perú, con firmas falsificadas detectadas durante el proceso de verificación del padrón en 2018. Además, se incluyen cargos por presunta manipulación de procesos administrativos para obtener beneficios políticos.
Acciones legales recientes y anulaciones judiciales
Pese a la acusación formal, el investigado ha logrado avances favorables en sede judicial. En mayo de este año, mediante un hábeas corpus, el Poder Judicial anuló tres investigaciones fiscales previas por delitos como lavado de activos y organización criminal, habilitando su participación en la carrera electoral de 2026.
Adicionalmente, en julio se apeló una resolución que validaba las declaraciones de testigos protegidos en el caso Cuellos Blancos del Puerto, buscando excluir sus testimonios de los procesos en curso. En paralelo, Luna Gálvez sostiene públicamente que todo se trata de una persecución política diseñada para afectar su carrera electoral y dañar la imagen de su partido.
Contexto político y repercusiones nacionales
El caso se produce en un contexto marcado por una crisis de seguridad ciudadana y creciente desconfianza en las instituciones peruanas. El uso de estructuras partidarias para influenciar selecciones institucionales exacerba ese panorama. Según investigadores, el escenario revela cómo la política institucional puede ser permeada por redes criminales que diluyen la transparencia del sistema electoral y judicial peruano.
Para muchos analistas, este caso no solo pone en tela de juicio a una figura política, sino que evidencia la vulnerabilidad del sistema democrático frente a intereses particulares. En medio de campañas anticipadas, el desenlace de este proceso judicial podría tener consecuencias directas sobre la gobernabilidad y sobre la percepción ciudadana de la lucha contra la corrupción en el país.
