Familiares de Julia Carhuaz Martel realizaron un plantón frente a la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Huánuco, exigiendo su inmediata liberación tras ser detenida por presunta usurpación de terrenos en la zona de Andabamba. La protesta estuvo acompañada de denuncias de abuso de autoridad, amenazas y presuntos vínculos familiares entre la denunciante y operadores de justicia.
Según las declaraciones recogidas por este medio, Carhuaz Martel fue intervenida el jueves por la mañana, en circunstancias que su familia considera irregulares. Alegan que no existió notificación previa ni para la acusada ni para su defensa legal, y que el procedimiento incluyó un allanamiento domiciliario sin advertencia formal. Además, denuncian que sus hijos —uno de ellos de apenas un año de edad— presenciaron el operativo y permanecen en situación vulnerable.
Familia asegura que el terreno fue otorgado legalmente a su padre
Durante la manifestación, los familiares señalaron que el terreno en disputa fue entregado al señor Devoción Serrano Rivera, padre de la familia, como reconocimiento por más de 40 años de trabajo en una cooperativa local. Sostienen que Julia Carhuaz actuaba bajo poder otorgado por él para representar a los legítimos posesionarios del predio.
“La acusación de usurpación no tiene sustento. Nosotros hemos presentado toda la documentación que prueba la posesión legítima. No ha habido estafa, ni invasión, ni ocupación irregular”, declaró una vocera durante el plantón. Precisó que el terreno, de una hectárea, se ubica junto a las instalaciones de revisiones técnicas en Andabamba.
Señalan presunta injerencia de exautoridades judiciales en el proceso
Uno de los principales cuestionamientos de la familia apunta a un presunto vínculo entre la denunciante, identificada como Zulma, y el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Jaime Jerónimo. De acuerdo con la versión ofrecida por los manifestantes, esta relación habría influido en el curso del proceso.
“¿Por qué a nosotros no nos escuchan? Porque no tenemos poder. Pero la señora Zulma tiene familiares jueces y fiscales. Ella conversa con el fiscal como si fueran socios”, expresó una de las participantes. Además, denunciaron que personas vinculadas a la parte acusadora habrían hostigado a periodistas y testigos, con amenazas e incluso visitas a sus viviendas.
Aseguran que no existen pruebas
Según lo indicado por los familiares, hasta la fecha se han realizado cuatro audiencias sin que se presenten pruebas directas contra Julia Carhuaz. También afirman que el único argumento para dictar prisión preventiva sería el supuesto riesgo de fuga, una tesis que —sostienen— no se ha fundamentado.
“El fiscal le dijo a una testigo que tenga cuidado, que no sabe con quién se está metiendo. ¿Así se supone que se hace justicia?”, cuestionaron. Por este motivo, hicieron un llamado al Colegio de Abogados de Huánuco para intervenir en el caso y supervisar la actuación de los representantes del Ministerio Público.
Uno de los manifestantes pidió que las autoridades “pongan la mano al pecho” y consideren la situación de los tres hijos de Julia Carhuaz, incluyendo un bebé de apenas un año de edad. “Ella no es una delincuente, no puede estar tratada como tal”, expresó, al tiempo que exigía que el proceso continúe en libertad.
