La asistencia humanitaria en la Franja de Gaza se encuentra al borde del precipicio. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado una severa advertencia sobre la posible suspensión de la mayoría de sus operaciones de ayuda en la región, esto debido a las persistentes restricciones impuestas por el gobierno de Israel, situación que obstaculiza gravemente la labor de las agencias y organizaciones humanitarias. Esta crisis potencial ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para la población gazatí, ya golpeada por años de conflicto y un bloqueo que limita severamente el acceso a recursos básicos.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la situación se agrava debido a las exigencias de Israel respecto a la información de los empleados palestinos de estas organizaciones.
El Equipo Humanitario de País en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), un conjunto de agencias de la ONU y otras organizaciones asociadas, comunicó en un comunicado que el gobierno israelí continúa solicitando datos considerados sensibles sobre su personal palestino. Este requerimiento, que entró en vigor el 9 de marzo, se suma a una serie de nuevas condiciones impuestas a las organizaciones internacionales, incluyendo posibles repercusiones por críticas públicas dirigidas a las políticas del gobierno israelí. La fecha límite para el cumplimiento de estas exigencias es el 9 de septiembre, lo que implicaría la paralización de numerosas operaciones.
La imposibilidad de cumplir con estas regulaciones forzaría a las agencias de la ONU y a otras organizaciones no gubernamentales (ONG) a retirar a su personal internacional de la Franja de Gaza. Esta medida tendría un impacto devastador en la capacidad de brindar asistencia humanitaria a los ciudadanos palestinos, quienes dependen en gran medida de esta ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentación, agua, atención médica y refugio. La situación ya es precaria: el acceso a agua potable es limitado, la infraestructura sanitaria está al borde del colapso y la tasa de desempleo es una de las más altas del mundo.
Un factor que exacerba la problemática es la prohibición que pesa sobre aquellas organizaciones que no están registradas bajo este nuevo sistema, impidiéndoles enviar suministros esenciales a Gaza. La situación se complica aún más con el antecedente de julio, cuando las autoridades israelíes denegaron las solicitudes de 29 ONG para enviar ayuda humanitaria a la Franja, argumentando que carecían de la autorización necesaria.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha advertido sobre otro desafío significativo: según sus datos, el 90% de la ayuda que ha ingresado a Gaza desde el 20 de julio ha sido “descargada por multitudes hambrientas o saqueada por bandas armadas”. Esta situación pone de manifiesto la desesperación y la fragilidad del orden social en la región, lo que dificulta aún más la distribución eficiente y segura de la asistencia humanitaria.
El contexto es crítico. La Franja de Gaza, con una población densamente concentrada, sufre las consecuencias de un conflicto prolongado y un bloqueo que limita severamente el movimiento de personas y bienes. El acceso a servicios básicos como electricidad y agua es intermitente, y la infraestructura, ya debilitada por años de conflicto, se enfrenta a un deterioro constante. La inminente suspensión de la ayuda humanitaria agravaría aún más esta situación, sumiendo a la población en una crisis humanitaria aún más profunda.
