El alcalde del distrito de Castillo Grande, Jonatan Enrique Ubaldo Garay, fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco por la presunta comisión del delito de peculado doloso. La acusación también alcanza a funcionarios y regidores que resulten responsables de autorizar gastos municipales sin respaldo normativo, en agravio del Estado.
La denuncia, interpuesta por el abogado Walter Deciderio Bohorquez Melgar, señala que la gestión edil organizó y financió con recursos públicos el supuesto “64.º aniversario del distrito”, pese a que la creación política de Castillo Grande fue establecida recién el 7 de diciembre de 2015 mediante la Ley N.º 30377.
Actividades, desfiles y gastos públicos sin sustento
De acuerdo con los elementos presentados ante el Ministerio Público, entre el 6 y el 12 de julio de 2025 se desarrollaron ferias, desfiles, concursos, espectáculos artísticos y campañas publicitarias promovidas desde la cuenta oficial de Facebook de la Municipalidad Distrital de Castillo Grande. Las publicaciones hacen referencia expresa al “64.º aniversario” y convocan a la comunidad a participar en diversas actividades cívicas y recreativas.
Sin embargo, según argumenta el denunciante, no existe norma, acuerdo de concejo, resolución ni antecedente histórico que respalde tal conmemoración. La creación del distrito, según se desprende de la propia ley y de documentos del Archivo General de la Nación, tiene apenas nueve años de vigencia jurídica.
Posible uso irregular del erario
La denuncia sostiene que el alcalde y sus funcionarios habrían dispuesto de fondos del presupuesto municipal para una celebración sin legitimidad histórica ni legal. Se advierte, además, que los recursos habrían sido destinados a contrataciones, servicios y actividades no programadas en el Plan Operativo Institucional ni en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2025.
El documento legal solicita al Ministerio Público una serie de diligencias, entre ellas la revisión de publicaciones oficiales, la remisión de antecedentes normativos por parte de la municipalidad, así como los registros contables, órdenes de servicio y contratos vinculados a los gastos efectuados durante las celebraciones.
Dato:
La denuncia también cuestiona el presunto objetivo de distraer a la población mediante festividades sin base legal, en un contexto donde —según se advierte— la gestión municipal enfrenta demandas sociales no atendidas. “Se está manipulando institucionalmente a la población mediante celebraciones ficticias, al estilo del circo romano”, se lee en el escrito, que considera que este tipo de actos sienta un mal precedente para otras autoridades ediles.
