La corrupción sigue asediando la política peruana. La Fiscalía de la Nación ha dado un paso significativo al presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo. Las acusaciones son graves: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, delitos que, de probarse, evidenciarían una profunda crisis institucional.
Según la investigación publicada por El Comercio, la denuncia también alcanza a 23 congresistas y tres exministros, presuntamente vinculados a los actos delictivos imputados al exmandatario.
Entre los legisladores señalados figuran los congresistas de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos. A ellos se les imputa organización criminal y tráfico de influencias, o alternativamente, cohecho pasivo impropio. Además, Karol Paredes es denunciada por organización criminal y tráfico de influencias, mientras que Carlos Alva enfrenta cargos por organización criminal.
La denuncia constitucional también involucra a parlamentarios de Perú Libre – Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza. En su caso, se les acusa de organización criminal y tráfico de influencias, un golpe para la ya debilitada bancada oficialista.
La situación se agrava al conocerse que dos de los denunciados, Ilich López y Carlos Zeballos, aspiraban a formar parte de la Mesa Directiva del Congreso, lo que pone en tela de juicio la ética y transparencia del proceso de elección de este órgano clave del parlamento.
Asimismo, la denuncia incluye a ex altos funcionarios del gobierno de Castillo: Juan Francisco Silva, quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones, por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción, por organización criminal y negociación incompatible; y Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.
La Fiscalía basa su acusación en la presunta existencia de una organización criminal liderada por Castillo, cuyo objetivo era negociar votos en el Congreso a cambio de favorecer a determinados empresarios en licitaciones y contrataciones públicas. Los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como organismos públicos descentralizados, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos, habrían sido utilizados para este fin.
