La administración del presidente Donald Trump intensificó sus esfuerzos para restringir el acceso a la educación superior para estudiantes indocumentados, mediante la implementación de un plan nacional destinado a desmantelar los programas de ayuda financiera en las universidades. Esta iniciativa, según defensores de la educación, representa un ataque directo a los derechos y la seguridad no solo de los estudiantes indocumentados, sino también de la comunidad educativa en general, incluyendo profesores y personal administrativo. La medida se enmarca en un contexto de políticas migratorias más amplias y restrictivas impulsadas por la administración Trump.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, diversas organizaciones como la Asociación Nacional de Educación (NEA), la Asociación de Maestros del Estado de Texas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y United We Dream han levantado su voz en contra de las acciones legales emprendidas por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) para limitar las ayudas estatales destinadas a estudiantes indocumentados en estados como Texas, Kentucky y Minnesota.
Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de NEA, ha calificado estas acciones como un ataque coordinado para socavar la educación pública, considerándola un bien común. Márquez, doctora en educación, argumenta que la Casa Blanca está promoviendo una campaña para controlar las creencias de los estudiantes y manipular la realidad. En concreto, las impugnaciones legales presentadas por el DOJ en estados como Texas, Kentucky y Minnesota buscan revertir las leyes estatales que permiten a estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias a precios similares a los de los residentes legales.
El Gobierno Trump ya obtuvo una victoria inicial en Texas, donde un juez federal revocó temporalmente la Ley estatal Dream. Este programa, establecido en 2001 con apoyo bipartidista, permitía a jóvenes indocumentados que residían en Texas y se habían graduado de la secundaria en el estado, pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales. El DOJ argumentó en su demanda que el estado de Texas estaba discriminando inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses al beneficiar a los extranjeros.
Se estima que alrededor de 73,000 estudiantes de las universidades públicas de Texas podrían verse afectados por la derogación de esta ley. El estado de Texas ya ha solicitado a las universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados que se benefician de las matrículas reducidas para que se les exija el pago total en el próximo semestre. Rory, una estudiante de psicología afectada que prefirió no revelar su apellido, expresó su decepción y afirmó que el Departamento de Justicia de EE.UU. considera que estudiantes como ella no merecen oportunidades ni el sueño americano.
Educadores y estudiantes han criticado la postura del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del fiscal general Ken Paxton, ambos republicanos, por no defender la ley estatal ante la corte. Valeria Alvarado, abogada de la ACLU de Texas, señaló que la decisión del Gobierno de Texas de acordar con el DOJ el fin de la ley se tomó sin consultar a los estudiantes, miembros de la comunidad y universidades sobre el impacto de la derogación en la educación superior en Texas. Alvarado considera que esta acción representa una falta de respeto al sistema legislativo del estado.
Tras el éxito inicial en Texas, el DOJ ha impugnado leyes similares en Kentucky y Minnesota. La fiscal general de Kentucky, Pamela Bondi, declaró que ningún estado puede tratar a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase al ofrecer beneficios financieros a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en Minnesota, se espera una fuerte defensa del programa por parte del gobernador Tim Walz, quien ha sido un crítico de la administración Trump. Otros estados como California e Illinois también cuentan con ayudas específicas para estudiantes indocumentados, lo que podría generar futuras disputas legales.
