La controversia en torno a los bonos agrarios, emitidos durante la reforma agraria de los años 70, parece encaminarse hacia una posible resolución tras años de litigios y reclamos. Un encuentro reciente entre la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha abierto un nuevo capítulo en este complejo asunto.
Según la investigación publicada por El Comercio, representantes de ABDA se reunieron con el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, con el objetivo de encontrar una solución definitiva al conflicto sobre los bonos agrarios, buscando poner fin a años de disputas legales y financieras.
Durante la reunión, ABDA planteó sus argumentos respecto a los métodos de cálculo empleados por el MEF, específicamente los establecidos en el decreto supremo N°242-2017-EF, los cuales han sido objeto de debate y han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Según lo expuesto por la asociación, este decreto habría afectado significativamente el valor real de los bonos. La asociación también presentó una proyección actualizada del monto total de la deuda y exploró posibles vías de pago.
La excongresista Lourdes Flores, también presente en la reunión, resaltó la importancia de resolver esta controversia para la reputación del país, recordando el laudo internacional que favoreció al fondo estadounidense Gramercy, al cual ya se le abonó una compensación. Flores argumentó que un trato similar debería aplicarse a los tenedores de bonos peruanos, garantizando la igualdad ante la ley y el respeto a los compromisos financieros del Estado.
El ministro Pérez Reyes, por su parte, se comprometió a revisar exhaustivamente los procedimientos existentes, incluyendo la metodología del mencionado decreto supremo, las instrucciones del Tribunal Constitucional y un proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso. Este proyecto de ley busca restituir el procedimiento administrativo para el registro, actualización y pago de los bonos agrarios.
En relación al acuerdo con Gramercy, ABDA precisó que el MEF acordó pagar a este fondo estadounidense US$85 millones en dos cuotas, tras un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que reconoció los bonos agrarios como instrumentos de inversión protegidos por tratados internacionales.
Además, la Comisión de Economía del Congreso ha dado luz verde a un proyecto de ley promovido por el congresista Miguel Ciccia Vásquez, que busca ofrecer a los beneficiarios diversas opciones de pago, incluyendo efectivo, tierras o bonos soberanos. Esta propuesta legislativa pretende agilizar el proceso de pago y brindar mayor flexibilidad a los tenedores de bonos.
