La **Junta Nacional de Justicia (JNJ)** se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse una sentencia por violencia familiar contra su actual presidente, Gino Ríos Patio, lo que ha desatado un debate sobre su idoneidad para el cargo. En el Perú, la confianza en las instituciones es un pilar fundamental para la estabilidad democrática, y este caso pone a prueba la credibilidad de un organismo clave en la designación y evaluación de jueces y fiscales.
Según la investigación publicada por El Comercio, la controversia surge a raíz de una columna de opinión escrita por Ríos Patio donde destaca la importancia de la integridad y la coherencia en la conducta de los magistrados.
La paradoja reside en que, mientras Ríos Patio abogaba por una magistratura ejemplar, una sentencia de 2011 lo hallaba responsable de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su entonces cónyuge. Esta condena, impuesta por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, se basó en la demanda presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de La Molina y Cieneguilla, y quedó firme al no ser apelada por ninguna de las partes.
En concreto, la sentencia detalla que Ríos Patio ejercía “agresión psicológica de manera constante, mediante insultos y palabras soeces, amenazándola con desgraciar a ella y sus hijos y mandarla presa por haberlo demandado por alimentos”. A pesar de esta resolución judicial, que según la Ley Orgánica de la JNJ constituiría un impedimento para acceder al cargo, Ríos Patio fue elegido miembro de la institución.
Durante su entrevista personal ante la Comisión Especial de elección de los miembros de la JNJ en octubre de 2024, la existencia de la sentencia no fue abordada con la profundidad necesaria. Javier Arévalo, entonces ponente y actual juez supremo, se limitó a mencionar “dos casos además, de violencia familiar”, sin indagar sobre el resultado del proceso, a lo que Ríos respondió atribuyendo responsabilidad a ambos cónyuges en el conflicto.
La situación ha escalado a nivel político, con los congresistas Héctor Acuña Perlata y Susel Paredes solicitando formalmente a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, el inicio de un proceso de vacancia contra Ríos Patio. Fundamentan su pedido en los artículos 11, 13 y 18 de la Ley Orgánica de la JNJ, argumentando que la sentencia consentida lo inhabilita para continuar en el cargo, un criterio ya aplicado en la vacancia de Rafael Manuel Ruíz Hidalgo en 2025.
Ante la polémica, tanto la JNJ como la Comisión Especial de elección de miembros y la Defensoría del Pueblo han mantenido silencio, sin responder a las solicitudes de información. El reglamento de la JNJ establece un procedimiento para estos casos, que incluye la notificación al Pleno, el traslado al consejero cuestionado, una audiencia pública y una votación donde se requieren los dos tercios de los votos para declarar la vacancia.
