La acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto homicidio calificado, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, ha sido archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esta decisión, adoptada por mayoría, implica un revés para las investigaciones impulsadas por la Fiscalía de la Nación sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la gestión de las manifestaciones. Recordemos que estas protestas se desataron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción al poder de Boluarte, generando un clima de tensión social y política en diversas regiones del país.
Según la investigación publicada por El Comercio, la denuncia había sido presentada en julio de 2024 por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, abriendo un proceso de análisis dentro del Congreso.
La denuncia de la Fiscalía se centraba en los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, periodo en el que se registraron fallecidos y heridos en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima. El Ministerio Público imputaba a Boluarte la presunta comisión del delito de homicidio calificado en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, así como lesiones graves y leves. Junto a la presidenta, también fueron denunciados los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como los exministros de Defensa e Interior Jorge Chávez Cresta, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
El congresista José Jeri (Somos Perú), designado como delegado para el análisis de la denuncia, elaboró un informe en el que recomendaba el archivo del caso debido a la supuesta falta de pruebas contundentes. Según Jeri, tras revisar la documentación presentada por la Fiscalía y los descargos de los denunciados, no se encontraron “elementos de convicción suficientes” que acrediten la conducta atribuida a Boluarte y sus exministros. Jeri argumentó que no se identificaron órdenes directas ni actuaciones dolosas que demuestren un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos ocurridos durante las protestas.
El informe de Jeri fue aprobado con 11 votos a favor, dos en contra y una abstención. Los votos a favor provinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú y Acción Popular. En contra votaron Perú Libre y la Bancada Socialista. La presidenta de la subcomisión, María Acuña (APP), se abstuvo, cambiando su voto inicial a favor del informe. Es importante mencionar que José Jeri figura como un posible candidato a presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso, lo que añade un matiz político a la decisión tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El informe de calificación, según el medio citado, señala que, aunque Boluarte como jefa del Estado tiene la responsabilidad de velar por la legalidad del accionar del Ejecutivo, no se ha demostrado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real. Además, se indica que no se encontraron evidencias documentales o testimoniales que sugieran que los denunciados diseñaron, aprobaron o consintieron una estrategia represiva.
Abogados constitucionalistas como Heber Joel Campos y Erick Urbina han expresado opiniones divergentes sobre las consecuencias de esta decisión. Campos señaló que el informe deberá ser remitido a la Comisión Permanente para su confirmación, tras lo cual la denuncia sería archivada definitivamente, sin perjuicio de que se presente una nueva acusación con otros elementos. Urbina, por su parte, indicó que, de confirmarse el archivo, la Fiscalía no podrá continuar con la investigación y deberá esperar a que Boluarte termine su mandato. No obstante, Urbina planteó la posibilidad de que los familiares de las víctimas acudan a la justicia internacional en busca de reparación.
