La gestión de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso llega a su fin en medio de una fuerte controversia, marcada por acusaciones de blindaje político, cuestionables contrataciones, defensa de privilegios parlamentarios y una serie de promesas incumplidas. Su mandato, que culmina la próxima semana, se ha caracterizado por un marcado distanciamiento de las demandas ciudadanas y una persistente crisis de confianza en la institución legislativa. Este contexto se suma a la ya deteriorada imagen del Congreso, que históricamente ha luchado por mantener niveles aceptables de aprobación pública.
Según el reportaje de El Comercio, la presidencia de Salhuana finaliza con un nuevo escándalo: la revelación del financiamiento, por parte de la Mesa Directiva, del viaje a Francia de una empresaria vinculada al congresista, María Gosalvez.
Esta situación ha desencadenado una airada reacción por parte de Salhuana, quien no solo justificó el respaldo económico, sino que también arremetió contra los medios de comunicación, acusándolos de difundir información maliciosa y tergiversar los hechos. El parlamentario argumentó que el apoyo brindado a Gosalvez se debió a su reconocimiento internacional por la calidad de un producto emblemático de Madre de Dios, la castaña, que beneficia a miles de familias en la región. Sin embargo, esta justificación no ha logrado disipar las dudas sobre la ética y la transparencia en el manejo de los recursos públicos del Congreso.
El legado de Salhuana se define, en gran medida, por la persistente baja popularidad del Congreso. Desde su descenso a un dígito en 2022, la institución no ha logrado recuperar la confianza de la ciudadanía de manera sostenida. Los resultados de encuestas recientes, como la de Datum Internacional para El Comercio en junio pasado, revelan un alto nivel de rechazo a la gestión del Congreso, con solo un 8% de aprobación y un contundente 88% de desaprobación. Este panorama refleja el creciente desencanto de la población con la labor legislativa y la falta de sintonía entre los representantes y sus electores.
Además, la gestión de Salhuana se ha visto empañada por la falta de resolución en los casos de tres congresistas con serios cuestionamientos éticos: María Agüero, Darwin Espinoza y Raúl Doroteo. A pesar de que la Comisión de Ética aprobó informes que proponían sanciones, la Mesa Directiva, bajo la presidencia de Salhuana, optó por postergar su votación, generando suspicacias y alimentando la percepción de impunidad dentro del Congreso. Estos casos, que involucran acusaciones de descuentos ilegales en salarios y exigencias de parte del sueldo a colaboradores, han erosionado aún más la credibilidad de la institución legislativa.
En lo que respecta a las contrataciones de personal, la gestión de Salhuana ha sido objeto de críticas por la designación de personas cercanas a su partido, Alianza para el Progreso (APP), en puestos clave sin los debidos procesos meritocráticos. El caso de Yessenia Lozano Millones, nombrada jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso con un salario considerable, ha generado especial controversia, especialmente tras la conclusión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que Lozano violó el principio de neutralidad electoral al exhibir propaganda política en su oficina. Estos hechos, sumados a la contratación de familiares y la falta de transparencia en los procesos de selección, han puesto en tela de juicio la integridad de la gestión de recursos humanos en el Congreso.
