La reciente decisión del Estado de transferir 200 millones de soles para el pago de la llamada “deuda social” al magisterio ha generado diversas reacciones entre los docentes del país, en especial en aquellos sectores históricamente postergados. Según lo informado, el objetivo de este desembolso es cubrir los pendientes establecidos por el decreto de emergencia que el Estado debía a los maestros.
De acuerdo con estimaciones que circulan entre los propios docentes y dirigentes sindicales, el monto podría traducirse en una compensación promedio de 200 mil soles por profesor beneficiado, aunque hasta el cierre de esta edición las autoridades no han detallado el número exacto de favorecidos ni los criterios de distribución. La medida, saludada por algunos sectores del magisterio, ha sido recibida con cautela por quienes recuerdan años de promesas incumplidas y pagos parciales que no cubren el total de las demandas sociales.
Según lo señalado por fuentes del Ministerio de Educación, la prioridad del pago recaerá en docentes que laboran en zonas rurales, quienes representan cerca del 99% de los beneficiados por la nueva transferencia. Se prevé que, tras este ajuste, el sueldo mensual de los maestros en dichas zonas podría alcanzar los 3,800 soles, una cifra que, aunque lejos de las expectativas gremiales, permitiría paliar en parte la situación de precariedad que enfrentan. Asimismo, la medida incluye a auxiliares de educación, cuyo salario podría incrementarse hasta 200 soles mensuales, de acuerdo con los anuncios realizados por las autoridades educativas.
Sin embargo, el magisterio exige que estos pagos se efectúen sin mayores dilaciones ni restricciones administrativas, señalando que el Estado ha demorado demasiado en saldar una deuda reconocida incluso por gestiones anteriores. “Ya era tiempo de que se cumpla con el magisterio”, han expresado representantes docentes consultados por este medio, quienes sostienen que los constantes retrasos y montos insuficientes han erosionado la confianza de los educadores en el aparato estatal.
El ministro de Educación, Morgan Quero, ha anunciado públicamente su compromiso de cumplir con el pago de la deuda social pendiente, subrayando la necesidad de mejorar progresivamente la situación de docentes, cesantes, jubilados y personal administrativo del sector. No obstante, hasta ahora, el Ministerio no ha detallado el cronograma oficial ni los mecanismos de fiscalización para garantizar que la totalidad de los fondos lleguen a los verdaderos beneficiarios.
En conclusión, la anunciada transferencia de fondos para la deuda social representa un avance necesario, pero aún insuficiente. Cumplir con el magisterio es cumplir con la educación del país. La expectativa está puesta en que esta vez, el Estado no vuelva a fallar a quienes han sostenido durante años las escuelas del Perú más olvidado.
