La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo informó que consiguió que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo declare fundado su pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Ronald Campos Javier (37), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Según el Ministerio Público, la agraviada tenía siete años al momento de los primeros hechos denunciados.
Hechos atribuidos y contexto
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido inicialmente en marzo de 2013, en el interior de la vivienda del imputado, ubicada en la localidad de Cutimarca, distrito de Tomaykichwa, provincia de Ambo. La menor —quien habría convivido en esa vivienda por la cercanía familiar, ya que el imputado sería tío político— habría sido sometida a agresiones reiteradas durante los años 2014, 2015 y 2018, hasta aproximadamente los doce años de edad.
El órgano fiscal detalló que, en algunas oportunidades, los hechos se habrían producido también en la casa de la menor y, posteriormente, en una vivienda en Lima en el año 2018. Según el Ministerio Público, estos episodios fueron descritos en entrevistas únicas realizadas a la agraviada y sustentados con informes periciales y declaraciones testimoniales.
Decisión judicial y fundamentos
La fiscal adjunta provincial Luz Susana Ramírez Espinoza, responsable del caso, sustentó el requerimiento de medida coercitiva argumentando la existencia de elementos de convicción que vincularían al imputado con el delito imputado. De acuerdo con la Fiscalía, se valoraron pruebas médicas, psicológicas y testimoniales, así como el riesgo procesal por posible fuga o entorpecimiento de la investigación.
Tras la audiencia, el Juzgado dispuso el internamiento preventivo de Ronald Campos Javier en el centro penitenciario de Huánuco durante el plazo de nueve meses, periodo en el que continuará la investigación preparatoria.
Perspectiva social y situación de la menor
Según fuentes fiscales, la agraviada permanece bajo atención especializada y cuenta con medidas de protección. Asimismo, el Ministerio Público remarcó la importancia de denunciar cualquier hecho que vulnere la integridad de niñas, niños y adolescentes, reiterando la confidencialidad y apoyo a las víctimas.
