Huánuco y toda la zona centro del país vuelven a ser testigos de una historia repetida: promesas que se diluyen en reuniones formales, expedientes técnicos que se eternizan en el papel y compromisos oficiales que se desvanecen al primer cambio de gestión. La Carretera Central, vía fundamental para la integración económica y social, permanece convertida en un campo minado de peligros, con tramos que presentan hundimientos de hasta 40 centímetros y fallas estructurales que amenazan la vida de transportistas y ciudadanos.
Según expuso la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco en su reciente encuentro con el ministro de Transportes y Comunicaciones, el expediente técnico de la rehabilitación acumula ahora entre 20 y 30 observaciones, una cifra que triplica la estimación inicial. Esta cifra no solo evidencia un alarmante nivel de improvisación, sino que demuestra un desprecio absoluto por las necesidades de quienes circulan cada día por esta arteria nacional.
Mientras las autoridades se enredan en excusas técnicas y plazos ambiguos —prometiendo la culminación de documentos recién entre julio y agosto—, la carretera sigue cobrando su cuota diaria de accidentes, con consecuencias que podrían volverse fatales en cualquier momento. Resulta inaudito que se espere una tragedia para actuar con la firmeza que exige la situación.
La petición de declarar en emergencia la Carretera Central no es un capricho ni un recurso mediático; es una exigencia legítima para salvaguardar vidas y sostener la economía regional. La falta de voluntad política para avanzar con esta declaratoria demuestra la desconexión de Lima con la realidad de las regiones, donde cada hora de retraso se traduce en pérdidas económicas y miedo en la población.
El presidente de la Cámara, Miguel Berrospi Jara, advirtió que la vigilancia será constante, pero esa vigilancia no puede quedarse solo en comunicados o reuniones virtuales. La sociedad civil, los gremios empresariales y los propios transportistas deben asumir un rol activo y unir sus voces para exigir resultados concretos y verificables.
Hoy, la Carretera Central simboliza mucho más que una obra pendiente: representa la indiferencia histórica del Estado frente a las regiones que sostienen buena parte del comercio y abastecimiento del país. Permitir que se siga deteriorando es aceptar, de manera cómplice, la normalización del abandono.
Las autoridades tienen en sus manos la oportunidad —quizás la última antes de una tragedia irreversible— de cambiar el rumbo y devolverle a la ciudadanía la confianza perdida. No hay margen para discursos complacientes ni para excusas técnicas interminables. El tiempo de la espera terminó; ahora es el tiempo de actuar.
