Durante las últimas dos décadas, la atención nacional e internacional respecto a la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana estuvo centrada en Madre de Dios. Sin embargo, una reciente investigación ha revelado que Puerto Inca, provincia de Huánuco, está enfrentando ahora un fenómeno similar, convirtiéndose en la nueva capital de esta actividad ilícita en la selva central.
Impacto ambiental alarmante
La actividad minera ilegal ha provocado un incremento dramático de la deforestación en la zona. Solo en los primeros meses del 2025 se han perdido más de 1050 hectáreas de bosque, casi el doble de lo registrado en todo el 2024, según datos satelitales proporcionados por Conservación Amazónica (ACCA).
“La magnitud de la depredación es tan significativa que se puede observar fácilmente desde el espacio”, comentó Sídney Novoa, director de Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías de ACCA. Añadió que desde finales del 2020 se detecta un crecimiento acelerado de la minería ilegal sobre áreas anteriormente vírgenes o de uso agrícola en la cuenca del río Yuyapichis.
Débil fiscalización estatal
Una investigación del diario El Comercio confirmó la presencia activa de mineros ilegales provenientes de Madre de Dios, quienes aprovechan la falta de fiscalización en la zona. Durante el recorrido, se evidenció el uso intensivo de maquinaria pesada cerca de los ríos, actividad prohibida por la legislación peruana.
El fiscal Eduardo Nina Cruz, responsable de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, explicó que la minería ilegal en Puerto Inca se ve favorecida por la lejanía y el aislamiento del área. “Aunque algunos mineros están inscritos en el polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), muchos operan al margen de la ley, causando graves daños ambientales”, señaló.
Crisis hídrica en la provincia
Carlos Antonio Navarro Cruzado, alcalde provincial de Puerto Inca, denunció que las actividades mineras ya afectan gravemente la infraestructura de agua potable. “La bocatoma, que abastece a la ciudad, está paralizada debido al daño causado por la minería. Si continúan así, nunca podremos solucionar el problema del agua y desagüe, que es vital para la población”, alertó.
La provincia enfrenta así un grave riesgo ambiental y social, agravado por la limitada acción estatal para controlar esta problemática. Las autoridades locales exigen una respuesta inmediata y efectiva para mitigar los daños irreversibles causados por la minería ilegal.
