Hechos ocurridos en marzo de 2021
La Fiscalía Provincial Penal de Marañón consiguió una condena de tres años de pena privativa de libertad, con carácter suspendido por un periodo de dos años, contra Vicente Ávila Correa Medina, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. La decisión fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El caso se remonta al 28 de marzo de 2021, fecha en la que se denunció la sustracción de S/ 24 700 del establecimiento “Comercial Miranda”, propiedad de Belber Miranda Flores. El dinero, correspondiente a las ventas de varios días, había sido guardado en un cajón del local la noche anterior. La denuncia fue interpuesta por familiares del propietario ante la Policía Nacional del Perú.
Administrador señalado como responsable
Según el Ministerio Público, Vicente Ávila Correa Medina ejercía funciones de administrador en el negocio desde 2017 y estaba encargado de la gestión económica diaria. Durante la ausencia del dueño, quien se encontraba de viaje en Trujillo, Ávila habría aprovechado su acceso exclusivo al local para sustraer el dinero.
El fiscal adjunto provincial, Dr. Víctor Augusto Figueroa Amasifuén, lideró la investigación y presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que confirmaron la responsabilidad del acusado. Entre los elementos de convicción se incluyeron el acta de inspección técnico-policial, registros de ventas, declaraciones de testigos y fotografías que evidenciaron la inexistencia de forzamiento en las puertas y cerraduras.
Pruebas clave y fundamentos de la sentencia
La jueza Lorena Paola Sandoval Huertas determinó que Ávila Correa era el único con llaves y acceso al local comercial, y desestimó la hipótesis de un ingreso violento por parte de terceros. Según la resolución judicial, la puerta principal y los accesos secundarios no presentaron daños, lo que reforzó la versión de un ingreso autorizado.
Asimismo, se dispuso el pago de S/ 3 000 como reparación civil a favor del agraviado, además de la devolución íntegra del monto sustraído. La pena impuesta quedó suspendida bajo estrictas reglas de conducta por dos años, periodo en el cual Ávila Correa deberá cumplir condiciones como no cambiar de domicilio sin autorización judicial y no ausentarse de su lugar de residencia.
Consecuencias en caso de incumplimiento
La resolución establece que, en caso de incumplir las condiciones impuestas, la pena podría hacerse efectiva. De esta forma, la justicia busca garantizar la reparación integral del daño y prevenir la reincidencia delictiva.
